El crimen organizado, una soberanía paralela que desafía a Hispanoamérica

El crimen organizado ha dejado de ser un problema enquistado en geografías concretas para convertirse en un desafío continental que pone en jaque la soberanía de los estados hispanoamericanos. Tres episodios recientes, aparentemente inconexos, dibujan el mapa de esta amenaza expansiva: la captura en Perú de un cabecilla del Tren de Aragua que operaba en Chile, el control criminal del 70% del oro extraído en el sur de Bolívar (Colombia) y el asesinato de un notario en Nariño, una de las regiones colombianas más castigadas por la violencia.

La detención en Lima de Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias 'R15', ilustra con crudeza la naturaleza transnacional del problema. Un delincuente de origen venezolano, que dirigía operaciones de secuestro y extorsión en Chile, es capturado en Perú. Las fronteras nacionales, que tanto obstaculizan la cooperación judicial y policial entre nuestros países, son meras líneas en el mapa para estas organizaciones. El Tren de Aragua, surgido en una cárcel de Venezuela, es hoy una hidra con cabezas en Colombia, Perú, Chile y otros países, demostrando una capacidad de expansión que las instituciones estatales no logran igualar. Es sintomático que en la operación de captura colaborase el FBI estadounidense. Si bien la cooperación es bienvenida, la dependencia de agencias externas para resolver problemas de seguridad interna hispanoamericana revela una debilidad estructural: la ausencia de organismos de inteligencia y acción policial verdaderamente hispanos, con la agilidad y la confianza necesarias para operar a escala continental.

Este poder criminal se financia, en gran medida, mediante el expolio de los recursos naturales. El caso del sur del departamento de Bolívar es paradigmático. Que el 70% de la producción de oro esté en manos de estructuras ilegales significa que existe una economía paralela que no solo evade al fisco, sino que financia la compra de armas, corrompe a funcionarios y destruye el medio ambiente con una voracidad sin límites. La minería ilegal es una herida abierta en las selvas y ríos de Hispanoamérica, desde la Amazonía peruana hasta el arco minero venezolano. Constituye una pérdida de soberanía fáctica sobre el propio territorio, donde el Estado es incapaz de proteger el patrimonio común y garantizar una explotación que beneficie al conjunto de la sociedad, especialmente a las comunidades locales, que a menudo solo sufren la contaminación y la violencia.

El eslabón más trágico de esta cadena es la agresión directa al tejido social y a las instituciones que lo sostienen. El asesinato de Héctor Bastidas Ibarra, notario del municipio de Túquerres, en Nariño, no es un hecho aislado. Es un mensaje de terror dirigido a todos aquellos que representan la ley y el orden cívico: jueces, fiscales, alcaldes, periodistas o, como en este caso, un fedatario público cuya función es dar seguridad jurídica a los actos de la vida civil. Cuando el crimen puede eliminar impunemente a un servidor del Estado, se ataca la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de una vida ordenada y pacífica. Se mina el bien común desde su raíz, reemplazando la autoridad legítima por el miedo y la ley del más fuerte. Esta violencia sistemática busca desmantelar la comunidad y atomizar a los individuos, dejándolos indefensos frente al poder arbitrario de las mafias.

Frente a un enemigo que opera sin pasaporte y con una lógica puramente depredadora, la respuesta de los países hispanos sigue siendo fragmentaria y reactiva. Las cumbres presidenciales y las declaraciones de buenas intenciones no se traducen en una política de seguridad coordinada y soberana. La amenaza no es colombiana, peruana o chilena; es hispanoamericana. Y exige, por tanto, una respuesta a la misma escala: una acción decidida que vaya más allá de la extradición puntual y construya un espacio común de seguridad, inteligencia y justicia capaz de defender a nuestros pueblos de esta soberanía criminal que crece a la sombra de nuestra desunión.