El Constitucional frena el voto de la Ley de Nietos: entre la filiación y el cálculo electoral

El Tribunal Constitucional de España ha inadmitido a trámite, mediante una holgada mayoría de diez votos frente a dos, el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del derecho a voto de quienes han adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos. La decisión del órgano de garantías descansa en una estricta consideración de procedimiento: no se ha agotado todavía la vía ordinaria ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuyo plazo procesal para presentar alegaciones concluye de forma inminente, a escasas semanas de los comicios fijados para el próximo 29 de noviembre.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el pronunciamiento no entra a dirimir el fondo de la cuestión —la eventual colisión de la medida cautelar con derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 de la Carta Magna—, sino que preserva los cauces procesales reglados. Sin embargo, en el ámbito interno del tribunal, la deliberación ha dejado una fisura llamativa: ha quebrado por vez primera la compacidad del bloque habitualmente afín a la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, tras registrar los votos discrepantes de los magistrados Juan Carlos Campo y Ramón Sáez, partidarios de abordar con urgencia la salvaguarda del voto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Más allá del tecnicismo y de la pugna doméstica, el episodio proyecta una sombra de desasosiego sobre miles de familias en toda Hispanoamérica. Desde Buenos Aires y La Habana hasta Caracas, Montevideo o Santiago, multitud de descendientes de españoles que han acreditado sus vínculos sanguíneos y culturales con la península contemplan cómo el ejercicio de su ciudadanía queda atrapado en los engranajes de la confrontación política peninsular. Para estos hispanoamericanos, el reconocimiento legal no representa una concesión graciosa del Estado moderno, sino la formalización jurídica de una pertenencia viva: la continuidad de un tronco común forjado a través de generaciones que mantuvieron encendida la llama de su origen.

Es obligado señalar con serenidad la constante miopía con la que las élites políticas abordan la realidad transatlántica. Mientras unos sectores parecen contemplar a los nuevos compatriotas del continente hispanoamericano bajo la mezquina lupa del cálculo electoral —anticipando la rentabilidad o el perjuicio aritmético de cientos de miles de sufragios exteriores—, otros recurren a la vía judicial para dilatar o cercenar el ejercicio efectivo de sus prerrogativas cívicas. Ambas actitudes denotan una profunda incomprensión de lo que la Hispanidad significa. Reducir los lazos de fraternidad, de lengua y de historia a una partida de ajedrez entre formaciones de Madrid constituye una degradación de la política y un desaire a quienes guardan un arraigo genuino hacia la tierra de sus mayores.

En la tradición hispánica, moldeada por una cosmovisión católica donde la persona y la comunidad familiar priman sobre el artificio administrativo, el parentesco y la fidelidad compartida constituyen el fundamento legítimo de la res publica. El derecho de gentes y la común herencia moral edificaron durante siglos un espacio de convivencia que las fronteras coyunturales y las burocracias decimonónicas intentaron fragmentar. Considerar a los hijos y nietos de la emigración hispana como meras fichas de censo electoral pervierte el sentido profundo de la subsidiariedad y del bien común transnacional.

Corresponderá ahora al Tribunal Supremo dictaminar sobre la cautelar y, con posterioridad, al Constitucional fijar doctrina definitiva. Con todo, la lección que este conflicto deja al descubierto es apremiante: la comunidad hispánica exige a sus gobernantes instituciones maduras y estables que reconozcan los derechos de sus nacionales con generosidad y rigor, lejos de las urgencias de partido y del oportunismo coyuntural.