El caso Hernández: soberanía a prueba y justicia en entredicho en Honduras

Un tribunal hondureño ha dictado el sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Orlando Hernández por los cargos de fraude y lavado de dinero. La noticia, que también beneficia al exmandatario Porfirio Lobo, podría parecer un mero trámite judicial interno si no fuera por la secuencia de los hechos: esta decisión llega meses después de que Hernández fuera indultado en diciembre de 2025 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien revirtió una condena de 45 años por narcotráfico impuesta por la justicia de Estados Unidos.

La cronología es reveladora y dibuja un cuadro de soberanía cedida. Primero, un gobierno hispanoamericano (el de Xiomara Castro) autoriza en 2022 la extradición de un expresidente para que sea juzgado por una potencia extranjera. Segundo, la justicia de esa potencia (EE. UU.) lo condena durante una administración demócrata. Tercero, un cambio de signo político en Washington, con una nueva administración republicana, deshace la condena mediante un indulto político. Y cuarto, el sistema judicial del país de origen, Honduras, parece tomar nota del cambio de vientos y cierra las causas pendientes a nivel nacional. El destino judicial de un jefe de Estado hispanoamericano se ha dirimido, en todas sus fases, según los intereses y ciclos electorales de Estados Unidos.

Este episodio trasciende las fronteras de Honduras y resuena en toda la América hispana. Evidencia una fragilidad institucional que invita a la injerencia. Cuando la justicia de un país no es capaz, o no se le permite, procesar con autonomía a sus más altos cargos, cede una de las funciones esenciales del Estado. El mensaje que se envía a los ciudadanos es desolador: la justicia no emana de sus propias instituciones, sino que es un veredicto importado y, peor aún, revocable según convenga al poder de turno en Washington. Se socava así la confianza en el bien común y en la posibilidad de un ordenamiento jurídico al servicio del pueblo y no de intereses foráneos.

El caso hondureño no es un hecho aislado, sino la continuación de un patrón histórico de intervencionismo de la Anglosfera en el continente. La memoria hispanoamericana recuerda bien la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, otro jefe de Estado juzgado y condenado en tribunales estadounidenses. Aunque las circunstancias difieran, el principio de fondo es el mismo: la presunción de una jurisdicción superior, de facto, que Estados Unidos se arroga sobre los asuntos internos de las naciones hispanas, tratándolas no como iguales soberanas, sino como un patio trasero donde imponer su ley.

Ante esta realidad, la pasividad de los líderes hispanos es notable. La extradición, juicio, condena, indulto y posterior absolución de un expresidente de la región debería haber suscitado un profundo debate y una posición común en organismos como la CELAC o el SICA. La ausencia de una respuesta coordinada que defienda el principio de soberanía jurisdiccional demuestra, una vez más, la desunión y la falta de visión estratégica que aquejan a la Hispanidad. Cada gobierno parece observar en silencio, esperando no ser el siguiente protagonista de un drama similar. Esta inacción colectiva no hace sino perpetuar una dinámica de subordinación que debilita al conjunto del mundo hispano y dificulta la construcción de un futuro verdaderamente autónomo.