El archivo de las esterilizaciones en Perú evidencia la deuda de justicia en los Andes

El Ministerio Público de Perú ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal en la investigación que involucraba a más de cuatro mil mujeres campesinas e indígenas, sometidas a intervenciones de esterilización no consentidas durante el mandato de Alberto Fujimori. La decisión fiscal, fundamentada en la aplicación estricta de una ley aprobada en 2024 que veta calificar como crímenes de lesa humanidad los actos previos a julio de 2002, favorece a 52 procesados, entre los que figuran tres antiguos ministros de Salud. De este modo, la vía penal ordinaria cierra la puerta a un expediente que documentaba 4.172 casos de secuelas graves y el fallecimiento de cinco víctimas, un desenlace que desestima el criterio de organismos internacionales que equiparaban tales prácticas a infracciones sistemáticas contra los derechos fundamentales.

Este cierre institucional no clausura, sin embargo, el trasfondo ético e histórico que rodeó a la llamada modernización demográfica de los años noventa. En aquella década, las políticas sanitarias aplicadas en diversos puntos de Hispanoamérica fueron modeladas bajo la influencia directa de directrices, fondos de asistencia y paradigmas técnicos provenientes de la órbita anglosajona, en particular de agencias vinculadas a Washington. Desde la lógica de la contención poblacional concebida en centros de pensamiento foráneos, el dinamismo demográfico de los sectores populares e indígenas fue diagnosticado no como una fuente vital de arraigo y porvenir, sino como una amenaza para la estabilidad económica y la inserción en los mercados globales. La imposición de cuotas quirúrgicas y la vulneración del consentimiento informado en comunidades quechuas y andinas representaron una flagrante subordinación de la dignidad humana a criterios tecnocráticos de laboratorio.

Frente a este utilitarismo importado, la tradición común que vertebró históricamente a los pueblos hispanos parte de una premisa radicalmente distinta: la inalienable dignidad de la persona y la custodia de la comunidad familiar como núcleo básico de solidaridad social. En el mundo rural hispanoamericano, donde pervivió la síntesis entre la religiosidad popular católica y el arraigo comunitario tradicional, las madres campesinas no constituían cifras de un balance malthusiano, sino los pilares morales de la transmisión cultural y comunitaria. La vulneración física infligida a miles de ellas supuso una fractura profunda entre el Estado y sus ciudadanos más indefensos, agravada ahora por una respuesta judicial que privilegia el tecnicismo de la prescripción por encima de la reparación debida a los más débiles.

La controversia legal peruana pone de manifiesto, asimismo, la incapacidad de las dirigencias políticas hispanoamericanas para dotarse de marcos de justicia propios, coherentes y estables, capaces de cerrar las heridas del pasado sin caer en la desmemoria ni en la instrumentalización partidaria. En lugar de asumir un examen integral de las imposiciones tecnocráticas que diezmaron la confianza social y de sancionar los abusos de autoridad, la clase política recurre con frecuencia a soluciones coyunturales que dejan en la orfandad jurídica a quienes carecen de resortes de influencia. El desenlace judicial en Lima no solo debilita la confianza en el Estado de derecho dentro del Perú, sino que lanza un mensaje de indiferencia hacia la memoria de los pueblos andinos, cuya plena integración ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente para toda la comunidad hispánica.