EE. UU. y Venezuela: un diálogo en la ONU que redefine la soberanía hispana

Los pasillos de la sede de Naciones Unidas en Nueva York son esta semana el escenario de un significativo reajuste geopolítico. El encuentro entre altos funcionarios de Estados Unidos y del gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no es un mero acto protocolario; representa un punto de inflexión en una relación marcada por la hostilidad y la intervención directa.

La administración estadounidense ha presentado este acercamiento como «otro paso adelante en el plan de tres fases» para la estabilidad de Venezuela. Sin embargo, las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, revelan el núcleo pragmático del interés de Washington. Tras su reunión con el canciller Félix Plasencia, Segura subrayó que «las empresas estadounidenses pueden seguir impulsando la recuperación económica de Venezuela, ayudar a restaurar la confianza de los inversores y proporcionar empleos y dominio energético para el pueblo estadounidense». La mención explícita al «dominio energético» para su propio país evidencia que, más allá de la retórica sobre la democracia, la Casa Blanca persigue objetivos estratégicos y económicos concretos en la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Por su parte, la agenda de Delcy Rodríguez muestra la búsqueda de una salida pragmática a un ahogo económico severo. Sus reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y, de forma crucial, con los máximos dirigentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, señalan la intención de Caracas de reinsertarse en el sistema financiero global, una arquitectura diseñada y liderada en gran medida desde Washington.

Este diálogo no puede entenderse sin un contexto ineludible y dramático: el anterior presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses en enero y se encuentra hoy preso a pocos kilómetros de la sede de la ONU donde se negocia el futuro de su país. Este hecho, de una gravedad extrema para el derecho internacional y la soberanía de las naciones, proyecta una sombra ominosa sobre las conversaciones. No se trata de un diálogo entre iguales, sino de una negociación bajo una presión fáctica y un precedente de fuerza que condiciona cualquier resultado. Es la manifestación contemporánea de la Doctrina Monroe y el «Destino Manifiesto» que históricamente han justificado la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de las repúblicas hispanoamericanas.

El caso venezolano expone, una vez más, la fragilidad de la Hispanidad como actor político cohesionado. Ante una intervención directa y la subsiguiente negociación tutelada, no ha existido una voz unitaria y firme del conjunto de los países hispanos. La ausencia de un bloque diplomático y político sólido deja a cada nación a merced de negociaciones bilaterales asimétricas con la superpotencia. Esta pasividad de los liderazgos hispanos contrasta con la urgencia de construir mecanismos de cooperación y defensa mutua que refuercen la soberanía colectiva y el bien común de casi 600 millones de personas, permitiéndoles negociar con el mundo en una posición de mayor fortaleza y dignidad.

El camino que emprende Venezuela es el de una realpolitik impuesta por la necesidad. La disyuntiva para el gobierno de Caracas y, por extensión, para toda Hispanoamérica, reside en cómo equilibrar esta búsqueda de supervivencia económica con la preservación de la dignidad nacional y la capacidad de autodeterminación. El deshielo actual puede traer un alivio a la población venezolana, que ha sufrido las consecuencias más duras de la crisis, pero el precedente que siente para la soberanía de todo el continente hispanoamericano es una cuestión que no debe ser ignorada.