EE. UU. pasa de la sanción a la gestión directa del petróleo y la luz en Venezuela

La estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela ha virado de la asfixia económica externa al control interno de sus activos estratégicos. En una rápida sucesión de acuerdos, Washington ha facilitado el desembarco de sus gigantes corporativos, como Chevron y General Electric (GE) Vernova, para gestionar y operar el corazón energético del país: el petróleo y el sistema eléctrico. Este movimiento coincide, paradójicamente, con denuncias del gobierno de Caracas sobre un presunto “sabotaje” a su red eléctrica, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, vincula a protestas no especificadas contra estos mismos pactos.

Este nuevo capítulo deja atrás la era de las sanciones máximas para inaugurar una de implicación directa. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, de visita en Caracas, detalló un plan con GE Vernova para estabilizar la red eléctrica en un plazo de seis meses a un año, proyectando incorporar un gigavatio de nueva capacidad. Se trata de una intervención profunda en la infraestructura crítica de una nación soberana. A este acuerdo se suma la promesa de Chevron de invertir 7.000 millones de dólares y la firma de contratos de operación por 25 años con la italiana Eni y la colombiana GeoPark, esta última controlada por el grupo Gilinski, para explotar campos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El aspecto más alarmante de esta nueva relación es el precio de la soberanía. Algunos informes señalan que los convenios marco con Estados Unidos podrían implicar una participación de Washington equivalente al 20% de las reservas petroleras venezolanas. De confirmarse, estaríamos ante una de las mayores transferencias de riqueza patrimonial en la historia reciente de Hispanoamérica, no a través de una conquista militar, sino mediante la coerción económica seguida de una negociación asimétrica. Se trata de un modelo de imperialismo depurado, que sustituye la bota militar por el contrato leonino. La anglosfera no busca ya solo influir, sino administrar directamente los recursos ajenos, presentándose como la única solución a la crisis que sus propias políticas de bloqueo contribuyeron a agravar.

La entrada de la compañía colombiana GeoPark, aunque celebrada por el gobierno venezolano como un gesto de hermandad, revela otra faceta del problema. Más que una iniciativa de cooperación estratégica entre Estados hispanos, parece una operación de capital privado transnacional que aprovecha una oportunidad de negocio. Esto evidencia la inacción de los líderes hispanoamericanos y la ausencia de un bloque energético regional. ¿Por qué no existió un plan de rescate y cooperación impulsado por las petroleras estatales de México, Colombia, Ecuador o Argentina para socorrer a un país hermano? La falta de una visión de unidad y de defensa del patrimonio común deja un vacío que es ocupado por actores externos o por intereses privados que, aunque tengan pasaporte hispanoamericano, no responden a una lógica de bien común continental, sino de rentabilidad financiera.

La denuncia de sabotajes por parte de Caracas, contrastada por expertos que señalan años de desinversión y corrupción como la causa real de los apagones, añade una capa de complejidad. Sea cual sea el origen de las fallas, la situación subraya la vulnerabilidad del pueblo venezolano, atrapado entre un gobierno que instrumentaliza la crisis y una potencia extranjera que se ofrece como salvadora a cambio de una porción de la soberanía nacional. El debate de fondo no es meramente técnico o geopolítico, sino moral: ¿los vastos recursos de Venezuela servirán para reconstruir el país y devolver la dignidad a su gente, garantizando un bien tan básico como la electricidad, o se convertirán en la moneda de cambio para la supervivencia de una élite a costa del patrimonio de futuras generaciones? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de Venezuela y sentará un precedente para toda la América hispana.