EE. UU. pacta por 25 años con Venezuela y mantiene el cerco sobre Cuba

El pragmatismo estadounidense ha fijado un nuevo horizonte temporal en Venezuela. Héctor Obregón, presidente de la estatal PDVSA, ha confirmado que los acuerdos energéticos firmados con Estados Unidos tendrán una vigencia de 25 años, renovables «las veces que sea necesario». El pacto busca cimentar la estabilidad jurídica necesaria para atraer una inversión estimada en 100.000 millones de dólares, un giro copernicano respecto a la política de máxima presión y sanciones de años recientes.

Mientras Venezuela abre sus puertas al capital norteamericano en un acuerdo de largo aliento, a menos de mil quinientos kilómetros, en Cuba, la realidad es antagónica. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado pérdidas récord superiores a los 8.000 millones de dólares en el último año a causa del embargo estadounidense, una política que se mantiene férrea y sin visos de negociación. La Habana sufre un bloqueo energético y financiero que asfixia su economía, mientras Caracas negocia las condiciones para gestionar su propia riqueza con el mismo actor que impone el castigo a su vecino caribeño.

Este doble estándar no responde a una inconsistencia, sino a la fría lógica de la ‘realpolitik’ anglosajona. La política exterior de Washington no se guía por principios ideológicos uniformes, sino por sus intereses estratégicos. Ante la necesidad de asegurar fuentes de energía estables y diversificar el mercado petrolero global, la vasta riqueza de Venezuela se convierte en un activo irrenunciable que justifica un entendimiento a largo plazo con el gobierno de Nicolás Maduro. Cuba, sin recursos estratégicos de similar calibre, permanece como una pieza residual de la Guerra Fría, cuyo pueblo paga el coste de un pulso geopolítico obsoleto.

Desde Caracas, el acuerdo se presenta como una relación «ganar-ganar» que permite al Estado venezolano mantener la titularidad de sus recursos y administrar los fondos generados. En un detalle revelador, el presidente de PDVSA explicó que el ingreso de los fondos en una cuenta del Tesoro venezolano, acordada de Estado a Estado, ofrece una «protección» frente a los numerosos acreedores de la petrolera. Esta medida, si bien pragmática, subraya la vulnerabilidad de una nación que necesita del beneplácito de una potencia extranjera para salvaguardar sus propios ingresos.

La escena completa revela, una vez más, la trágica inacción de los liderazgos hispanos. No existe un frente común, una estrategia concertada para defender los intereses del conjunto. En lugar de articular un bloque regional capaz de negociar en pie de igualdad o de crear mecanismos de cooperación energética panhispánicos —por ejemplo, un consorcio de empresas estatales que desarrollase los recursos para el bien común de todo el continente—, cada país negocia por separado, perpetuando una dinámica de dependencia. La política estadounidense de tratar bilateral y desigualmente a las naciones hispanas triunfa ante la ausencia de una voluntad de unidad.

Este episodio no es solo una cuestión económica, sino que toca el núcleo de la soberanía y la dignidad. La hipoteca de los recursos venezolanos por un cuarto de siglo a corporaciones extranjeras plantea serias dudas sobre si los beneficios revertirán verdaderamente en el pueblo y su desarrollo integral. Al mismo tiempo, el sufrimiento de la población cubana, privada de bienes esenciales, es una herida abierta en el cuerpo de la Hispanidad, ignorada por quienes podrían ejercer una presión diplomática conjunta y eficaz. Se prioriza el salvavidas individual frente a la construcción de un destino compartido, dejando que una potencia ajena a la comunidad dicte las reglas del juego en el corazón de la América hispana.