EE.UU. normaliza su tutela sobre Venezuela mientras el pueblo la rechaza

El reciente anuncio del Departamento de Estado estadounidense sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno provisional de Venezuela, acompañado de la simbólica remodelación de la sede consular en Nueva York, no es una anécdota, sino el acto final de una estrategia de tutela. Este paso formaliza el nuevo estatus quo diseñado desde Washington, que sigue al controvertido pacto petrolero que otorgó a Estados Unidos el control sobre una porción sustancial de las reservas venezolanas. Sin embargo, mientras la diplomacia estadounidense celebra la «estabilización», el pueblo venezolano expresa un profundo y creciente rechazo a lo que percibe no como una liberación, sino como un cambio de patrón.

Una reciente encuesta de la firma Meganálisis, de gran repercusión, pone cifras a este desencanto. La aprobación del presidente estadounidense en Venezuela se ha desplomado del 92,2% al 9,7% desde la extracción de Nicolás Maduro. El motivo, según el sondeo, es la abrumadora percepción (70,9%) de que la intervención estadounidense tuvo como fin último «quedarse con el petróleo del país». Esta desconfianza se alimenta de la realidad económica: la inflación se ha disparado al 544% y, como señala el economista José Guerra, el acuerdo petrolero ha supuesto para Venezuela una pérdida de miles de millones de dólares al ceder recursos estratégicos sin licitación y a precio de costo. La normalización diplomática, en este contexto, aparece como un intento de dar barniz de legalidad a una operación de expolio.

La situación venezolana es un espejo doloroso para toda la Hispanidad, pues evidencia las consecuencias catastróficas de la desunión. La crisis humanitaria y política que asoló Venezuela durante años no encontró una respuesta coordinada, solidaria y eficaz por parte de sus naciones hermanas. Los foros regionales se mostraron inoperantes y los liderazgos hispanoamericanos, divididos o pasivos, dejaron un vacío de poder que, como es norma histórica, fue ocupado por una potencia ajena a la región con una agenda propia. Estados Unidos no actuó movido por la caridad hacia el pueblo venezolano, sino por un cálculo pragmático de sus intereses energéticos y geopolíticos, una continuación del «Destino Manifiesto» adaptada al siglo XXI. La inacción hispana le extendió una invitación.

Este fracaso colectivo contrasta con los principios del bien común y la subsidiariedad que deberían regir una comunidad de pueblos con una raíz histórica compartida. En lugar de articular mecanismos de ayuda financiera, mediación política y apoyo soberano que defendieran la dignidad de los venezolanos, se permitió que la solución fuese impuesta desde fuera, perpetuando el sufrimiento y comprometiendo la soberanía de una nación hermana. El restablecimiento de relaciones no es con un gobierno representativo, sino con una «autoridad provisional» que carece de legitimidad popular y cuyo principal activo es la anuencia de Washington.

En medio de este panorama, emerge una luz de soberanía desde el propio pueblo venezolano. La misma encuesta que certifica el desplome de la confianza en Estados Unidos muestra el ascenso de la figura de María Corina Machado. Con un apoyo superior al 61% en un escenario de elecciones abiertas, su popularidad representa la búsqueda de una vía auténticamente nacional, ajena tanto al chavismo depuesto como a la tutela estadounidense. El pueblo venezolano, traicionado en sus expectativas de libertad, parece ahora buscar arraigo en un liderazgo propio que defienda sus intereses y su dignidad. Este anhelo de autodeterminación es la lección más importante que el resto de la América hispana debe observar y, esta vez sí, apoyar con decisión y respeto.