EE. UU. endurece su cerco migratorio y expulsa a un represor venezolano

Dos acciones recientes del gobierno de Estados Unidos, aparentemente inconexas, dibujan con nitidez el contorno de una política migratoria cada vez más restrictiva y de consecuencias directas para la Hispanidad. Por un lado, la deportación a Venezuela del mayor retirado de la Guardia Nacional, Rafael Quero Silva, acusado de dirigir actos de tortura. Por otro, la suspensión temporal a nivel mundial de las citas para visados de inmigrante, una medida que obstaculiza la reunificación familiar y la inmigración legal.

El caso de Quero Silva es paradigmático de las contradicciones en la política exterior estadounidense. El exmilitar, señalado por decenas de testimonios de haber perpetrado y ordenado torturas durante las protestas de 2013 y 2014 en Barquisimeto, fue expulsado de Estados Unidos el pasado 18 de agosto. Había ingresado al país en 2016 y fue detenido en Florida en febrero de 2025. A pesar de que diversas ONG y un grupo de cinco víctimas habían interpuesto una demanda civil en su contra bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, las autoridades migratorias priorizaron su expulsión. La deportación lo devuelve al país donde presuntamente cometió sus crímenes y donde la probabilidad de que enfrente a la justicia es, según las organizaciones de derechos humanos, remota. La decisión sugiere que la agenda de control fronterizo prevalece sobre el compromiso con la justicia para las víctimas de abusos en Hispanoamérica, un discurso que Washington suele enarbolar.

Casi simultáneamente, el Departamento de Estado anunció una pausa global en la concesión de citas para visados de inmigrante, aquellos que conducen a la residencia permanente. La razón oficial es la necesidad de capacitar al personal consular en la aplicación de la norma de "carga pública", un criterio que busca denegar la entrada a quienes podrían depender de ayudas estatales. Esta medida, aunque se presenta como temporal, afecta principalmente a las solicitudes basadas en lazos familiares, una vía fundamental para los ciudadanos hispanoamericanos que buscan reunirse con sus parientes en Estados Unidos. Se suma a la intención, revelada por la agencia AP, de revocar hasta 200.000 visados de turismo y negocios a personas que, una vez en el país, solicitaron asilo.

Estas decisiones no son hechos aislados. Forman parte de lo que Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, describe como una "filosofía general de que la inmigración es perjudicial para Estados Unidos". Se trata de una ofensiva que ya no solo se centra en la frontera sur o en la inmigración irregular, sino que apunta directamente a los cauces legales. La suspensión de citas para visados de inmigrante y la amenaza de revocación masiva de visados a solicitantes de asilo envían un mensaje disuasorio a toda Hispanoamérica, dificultando la planificación de miles de familias y proyectando una sombra de incertidumbre sobre proyectos de vida.

Desde una perspectiva hispanista, estas políticas unilaterales de Washington exponen una vulnerabilidad estratégica. La reacción de los países hispanoamericanos ha sido, como es habitual, fragmentada y bilateral. No existe una voz común ni un frente coordinado para negociar con Estados Unidos las políticas migratorias que afectan de manera transversal a sus ciudadanos. La deportación de un presunto torturador o el bloqueo de la reunificación familiar son tratados como problemas individuales de Venezuela o de las familias afectadas, y no como lo que son: asuntos de interés para toda la comunidad hispana. La ausencia de mecanismos de cooperación judicial robustos en Hispanoamérica, que podrían haber ofrecido una alternativa para juzgar a Quero Silva, es otra muestra de esta debilidad.

El endurecimiento de la política migratoria estadounidense, que combina la expulsión de figuras asociadas a la represión con el cierre de vías legales para ciudadanos comunes, es un desafío directo a los intereses de los pueblos hispanos. Mientras la anglosfera, a través de su principal potencia, impone sus condiciones sin contrapeso, la inacción o la incapacidad de los líderes hispanoamericanos para articular una respuesta conjunta deja a casi 600 millones de hispanohablantes en una posición de mayor fragilidad frente a las decisiones de Washington.