EE.UU. diseña la Venezuela post-Maduro al margen de la oposición mayoritaria

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha abierto un nuevo y complejo capítulo en la prolongada crisis venezolana, pero su desenlace parece estar escribiéndose en Washington más que en Caracas. Mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez, heredera del chavismo, dialoga con un sector de la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos, la figura que aglutinó el voto democrático en las primarias de 2023, María Corina Machado, denuncia haber sido deliberadamente marginada.

En una reveladora entrevista con The New York Times, Machado afirmó que la Administración Trump la ha excluido de las conversaciones que definirán el futuro del país. Esta denuncia choca con la versión del Departamento de Estado, que asegura que el partido de Machado fue invitado y que ella “tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”. La realidad, sin embargo, es que la líder opositora permanece fuera de Venezuela desde hace meses, y su principal capital político, la legitimidad de las urnas primarias, parece ser precisamente lo que Washington ha decidido ignorar.

La estrategia estadounidense parece priorizar una estabilidad pragmática, aunque cínica, por encima de los principios democráticos. El presidente Trump ha descartado a Machado y ha respaldado la continuidad de una facción del chavismo bajo Rodríguez. En paralelo, emerge la figura del empresario Alejandro Betancourt, a quien Machado califica como “uno de los principales responsables del sufrimiento” del pueblo venezolano. Betancourt, vinculado a un acuerdo con la propia Administración Trump para gestionar vastas reservas petroleras, se perfila como el socio económico de Washington en la nueva Venezuela, un arreglo que supedita la reconstrucción del país a los intereses energéticos norteamericanos.

Este modelo de intervención no es nuevo en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y el continente hispanoamericano. Recuerda a otros episodios en los que la Casa Blanca ha priorizado sus intereses estratégicos y comerciales, apoyando a regímenes autoritarios o a facciones dóciles en detrimento de movimientos democráticos genuinos. La soberanía de una nación hispana vuelve a ser moneda de cambio en un tablero geopolítico ajeno, una dolorosa lección que la región parece condenada a repetir.

Dentro de Venezuela, las voces opositoras no son unánimes, pero sí coinciden en un punto fundamental que Washington parece eludir. El dirigente Henrique Capriles ha exigido que cualquier negociación se centre en lo que la Constitución venezolana ordena ante la “falta absoluta” del presidente: la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales libres. Capriles advierte contra las “estrategias de dilatación” del oficialismo, un peligro que se agiganta cuando el árbitro del proceso, Estados Unidos, tiene intereses propios en prolongar un estado de cosas que le es favorable.

La tragedia venezolana expone, una vez más, la desarticulación de la comunidad hispana. La ausencia de un bloque de países hispanoamericanos que ofrezca una mediación sólida y soberana deja la puerta abierta a la intervención de potencias extrarregionales. La inacción y la falta de visión de los líderes hispanos para construir mecanismos propios de resolución de conflictos convierten a nuestros países en escenarios donde se dirimen intereses ajenos. Mientras se negocian contratos petroleros y cuotas de poder, el bien común del pueblo venezolano, su dignidad y su derecho a decidir su propio destino quedan relegados a un segundo plano, un fracaso que atañe a toda la Hispanidad.