EE. UU. declara a Hispanoamérica su nuevo eje energético mundial

La estrategia de Estados Unidos para Hispanoamérica ha pasado de la ambigüedad a la declaración explícita. El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, afirmó en Houston que «el centro geopolítico del petróleo se está trasladando al hemisferio occidental», con Venezuela como pieza clave. Esta manifestación no es un comentario aislado, sino la formulación de una doctrina que busca asegurar el control de los recursos del continente para los intereses de Washington, en un momento en que se busca reducir la dependencia de Oriente Medio. Si antes la Casa Blanca optaba por la gestión indirecta mediante sanciones, ahora interviene directamente en la explotación de los recursos.

La confesión de Burgum se produce en un contexto elocuente: durante las reuniones energéticas del G20, a las que fue invitada una delegación del gobierno de Venezuela. Esta presencia, impensable hace pocos años, legitima los recientes acuerdos por los cuales Washington ha obtenido una participación directa del 20% en la producción de 17 yacimientos venezolanos y del 35% en la empresa matriz que los gestiona. El objetivo, según fuentes de la propia administración Trump, es elevar la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios. El antiguo «Estado paria» es ahora un socio estratégico indispensable, cuyas vastas reservas deben ser puestas al servicio de la seguridad energética norteamericana.

Lo que convierte esta maniobra en una estrategia de alcance continental es su simultaneidad con los movimientos en la vecina Colombia. Al mismo tiempo que afianza su posición en el sector petrolero venezolano, la diplomacia estadounidense firma con Bogotá acuerdos de «seguridad y defensa». Oficialmente, el objetivo es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En la práctica, esta cooperación en inteligencia y defensa con el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella asegura un entorno geopolítico estable para las multimillonarias inversiones energéticas que se desarrollan al otro lado de la frontera. Washington ejecuta así una pinza estratégica: control económico sobre la nación con las mayores reservas de crudo del mundo y alianza militar con la potencia regional contigua.

Esta doble jugada, económica en Venezuela y militar en Colombia, pone de manifiesto la persistencia de una visión imperial sobre el continente. Resuenan los ecos de la Doctrina Monroe y el «Destino Manifiesto», adaptados al siglo XXI bajo el lenguaje de la seguridad energética y la cooperación. El hemisferio es concebido como un espacio de recursos a disposición de Estados Unidos, y sus naciones, como piezas en un tablero donde la soberanía es condicional. La estrategia divide a dos naciones hermanas, fomentando relaciones bilaterales de dependencia con una potencia exterior en lugar de fortalecer los lazos de cooperación y un mercado energético hispanoamericano integrado.

Ante esta ofensiva coordinada, la respuesta de los líderes de la comunidad hispana brilla por su ausencia. No existe una voz unificada ni una estrategia común para negociar en bloque y defender que estos recursos sirvan, ante todo, al bien común de sus propios pueblos. En lugar de un proyecto de integración energética que garantice la prosperidad compartida, los gobiernos actúan por separado, negociando en condiciones de inferioridad. La cuestión fundamental que se plantea es si esta nueva dependencia, que sustituye a la hostilidad anterior, permitirá la reconstrucción de una sociedad como la venezolana, empobrecida tras años de crisis, o si simplemente perpetuará un modelo extractivista que enriquece a corporaciones foráneas y a élites locales, dejando al pueblo al margen del desarrollo. La dignidad de millones de hispanoamericanos depende de la respuesta.