EE.UU. avanza en Hispanoamérica con pactos de seguridad y energía

Una serie de movimientos diplomáticos, económicos y militares de Estados Unidos en las últimas semanas confirman una ofensiva estratégica para afianzar su hegemonía en el continente hispanoamericano. La incorporación de Perú al pacto de seguridad "Escudo de las Américas", el drástico aumento de las importaciones de petróleo venezolano y la concesión de ayudas a Bolivia para restablecer lazos dibujan un escenario donde Washington negocia por separado con cada país, ofreciendo beneficios a corto plazo a cambio de una dependencia a largo plazo.

Esta táctica de fragmentación no es nueva y sigue a episodios como la reciente instrumentalización de la causa de las Malvinas en disputas internas de la Anglosfera. Sin embargo, los hechos actuales muestran una fase más activa y diversificada. En el frente de la seguridad, la gira del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha culminado con la adhesión de Perú a una coalición militar liderada por Washington, en la que ya participan Colombia y Ecuador. Presentada como una herramienta contra el crimen organizado, esta iniciativa supedita la defensa regional a los intereses y al mando de una potencia extrarregional. En lugar de fomentar un marco de seguridad propio, donde las naciones hispanas colaboren como iguales para atajar un problema común, se opta por un esquema de subordinación que recuerda a las doctrinas de seguridad de la Guerra Fría. La pasividad de los líderes hispanos para articular una respuesta conjunta a este flagelo resulta palmaria, cediendo la iniciativa y el control a Estados Unidos.

En el plano energético, la política estadounidense hacia Venezuela revela un pragmatismo descarnado que evidencia la naturaleza puramente instrumental de sus relaciones. Tras años de sanciones y presión bajo la bandera de la democracia, Washington ha convertido a Venezuela en su segundo proveedor de crudo, superando los 100 millones de barriles exportados en 2026. La razón no es un cambio de valores, sino una necesidad geoestratégica ante las dificultades de suministro en el estrecho de Ormuz. La nación hispanoamericana pasa de ser un Estado paria a un socio energético clave según dicten las necesidades del mercado y la seguridad de Estados Unidos, lo que demuestra que los intereses de la Anglosfera priman sobre cualquier discurso principista.

Finalmente, la diplomacia de la ayuda se manifiesta en Bolivia. La entrega de 2,5 millones de dólares para la lucha contra la trata de personas es el vehículo para la normalización de las relaciones tras la etapa de Evo Morales. Si bien combatir esta lacra atenta contra la dignidad fundamental de la persona, el método suscita interrogantes. Un problema transnacional, que afecta a las fronteras de Bolivia con Perú y Brasil, se aborda con una ayuda condicionada de una potencia exterior, en lugar de fortalecer los mecanismos de cooperación hispanoamericanos. Desde una perspectiva del bien común y la subsidiariedad, la solución más sólida sería el fortalecimiento de las comunidades locales y la creación de estructuras de protección entre los propios países afectados, libres de la tutela política que acompaña a la financiación externa.

El patrón es inequívoco: Estados Unidos aplica una doctrina de "divide y vencerás" remozada para el siglo XXI. Al negociar bilateralmente con cada capital —ofreciendo paraguas de seguridad, alivio económico o ayudas financieras—, neutraliza la posibilidad de que surja un bloque hispanoamericano cohesionado, capaz de negociar en pie de igualdad y defender sus intereses colectivos. Esta estrategia perpetúa la visión de la Doctrina Monroe, tratando a la América hispana no como una comunidad de naciones soberanas, sino como un área de influencia cuya fragmentación es necesaria para su control.