EE. UU. 'aclara' su tutela sobre Magallanes y revela su visión de la Hispanidad

La diplomacia estadounidense en Chile ha protagonizado un episodio que condensa un siglo de relaciones asimétricas. El embajador Brandon Judd se ha visto forzado a emitir una aclaración pública, calificando de "drama tergiversado" la polémica suscitada por sus propias palabras. Durante un foro comercial, el diplomático había vinculado el apoyo de su país en materias sensibles —como la lucha contra el crimen organizado o la defensa de los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes— a una contrapartida: "van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que también son importantes para nosotros".

La reacción del gobierno chileno, por boca de su canciller, Francisco Pérez Mackenna, fue la única digna y posible: "Nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie". Esta firmeza obligó al embajador a retractarse, alegando que sus dichos fueron "sacados de contexto". Sin embargo, el contexto original es precisamente lo que resulta más revelador. La estructura condicional de su frase ("si quieren X, entonces deben hacer Y") no es el lenguaje de un socio, sino el de una potencia que se siente con derecho a tutelar, a cambio de lealtad, la soberanía de otra nación.

Este desliz diplomático no es un hecho aislado, sino la manifestación contemporánea de una doctrina profundamente arraigada en la política exterior de la anglosfera: el Destino Manifiesto y su corolario, la Doctrina Monroe. Para Washington, Hispanoamérica no ha dejado de ser su "patio trasero", un espacio donde su hegemonía no debe ser contestada y cuyos países deben alinear sus intereses con los del norte. La supuesta "ayuda" para proteger el Estrecho de Magallanes no es una oferta entre iguales, sino un recordatorio de quién ostenta el poder último en el hemisferio.

El incidente cobra una dimensión aún más grave al producirse en un momento de fricción entre dos naciones hispanas, Chile y Argentina, precisamente por la soberanía y gestión de esas aguas estratégicas. La intervención del embajador Judd, lejos de ser un apoyo inocente, puede interpretarse como un intento de sacar partido de una división interna hispanoamericana. Cuando los países hermanos disputan entre sí, crean el vacío perfecto para que una potencia externa se presente como árbitro indispensable, consolidando su influencia y debilitando la capacidad de acción autónoma del conjunto de la Hispanidad.

El gobierno chileno ha defendido con acierto su soberanía nacional, pero la lección trasciende sus fronteras. Este episodio debería ser una llamada de atención para todos los líderes hispanos. La pasividad y la falta de concertación en la defensa de los intereses comunes son la principal vulnerabilidad del continente. La soberanía de cada país hispanoamericano se verá siempre amenazada mientras no se construya una soberanía solidaria, un frente común que disuada a potencias externas de tratarnos como piezas subordinadas en su tablero global. La disyuntiva no es elegir entre la protección de Estados Unidos o la de otra potencia; la única opción viable es la unidad y la cooperación dentro de la propia Hispanidad.