Ecuador acogerá la COP18 en 2028: un reto para articular la voz ecológica hispanoamericana

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), clausurada recientemente en Ereván tras complejas negociaciones en tiempo extra, ha concluido con una decisión de notable calado para la región: Ecuador será la sede de la próxima edición, la COP18, prevista para 2028. El ministro de Ambiente y Energía ecuatoriano, Juan Carlos Blum, ratificó la asunción de esta encomienda internacional, subrayando la voluntad de proyectar al mundo la riqueza de sus ecosistemas y dinamizar la cooperación en materia conservacionista.

El encuentro armenio ha vuelto a evidenciar las tensiones estructurales que caracterizan la diplomacia medioambiental contemporánea. Con casi doscientos países congregados para evaluar los objetivos fijados en 2022 para frenar la pérdida de hábitats antes de 2030, el balance provisional dista de ser alentador. Para restaurar tierras degradadas, contener la sobrepesca y salvaguardar especies críticas, la brecha de recursos asciende a unos 700.000 millones de dólares anuales. Como suele ser habitual en estos foros, mientras los centros financieros de la anglosfera y la Unión Europea intentan trasladar parte de las cargas hacia las economías emergentes y condicionar los desembolsos, las naciones poseedoras de las mayores reservas biológicas asisten a un regateo presupuestario constante.

En este escenario, la fragmentación tradicional de los gobiernos hispanos constituye su mayor debilidad. Pese a que el conjunto de Hispanoamérica atesora una riqueza biológica incomparable —desde la cuenca amazónica compartida por varias repúblicas hasta los corredores andinos y las extensas costas continentales—, sus líderes continúan acudiendo a estas cumbres de manera dispersa. Cada cancillería negocia por su cuenta acuerdos bilaterales, endeudamientos condicionados o canjes de deuda por naturaleza diseñados a menudo en los despachos de la city londinense o de Wall Street, desaprovechando la fuerza de un bloque que reúne a casi seiscientos millones de personas con realidades ecológicas y culturales hermanadas.

La celebración de la COP18 en territorio hispanoamericano exige, por tanto, una reflexión que supere la mera gestión técnica o la propaganda institucional. La relación histórica de los pueblos hispanos con su entorno natural no responde al cálculo utilitarista ni al ecologismo punitivo de matriz anglosajona, que tiende a tratar a las poblaciones locales como intrusas en su propia tierra. Frente a modelos maltusianos que disocian la naturaleza de la presencia humana, la tradición hispánica, moldeada por una arraigada concepción del bien común y la dignidad de la persona, concibe la custodia del territorio como una tarea indisociable del florecimiento de las comunidades, las familias y los sectores más vulnerables que viven de la tierra.

De cara a 2028, las autoridades ecuatorianas tienen ante sí la responsabilidad de no limitar este encuentro a una vitrina diplomática aislada. Es el momento de que Quito convoque a sus pares de la América hispana para articular un frente de negociación común. Una alianza hispanoamericana permitiría exigir compromisos financieros vinculantes y no coloniales, defender la soberanía sobre los recursos estratégicos frente a apetitos extractivos foráneos y postular un modelo de custodia ambiental donde la protección de los ecosistemas camine unida al desarrollo digno de nuestros pueblos.