Doble rasero de EE. UU.: mano dura en el mar, laberinto legal en tierra

Dos escenas recientes, aparentemente inconexas, retratan las dos caras de la política de Estados Unidos hacia la América hispana. En las aguas del Pacífico, una operación militar conjunta con Ecuador culmina con el hundimiento de dos embarcaciones y la detención de veintiocho tripulantes, acusados de colaborar con el narcotráfico. Casi al mismo tiempo, en un tribunal de inmigración, se ordena reevaluar las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, supeditando su protección a los vaivenes políticos de su país de origen. Fuerza militar por un lado, frialdad burocrática por otro; un doble rasero que evidencia un enfoque de dominio y control sobre la región.

La intervención en el Pacífico, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, es presentada por el gobierno ecuatoriano como un éxito de la "cooperación internacional". Según el Comando Sur de EE. UU., los barcos servían de estaciones flotantes de reabastecimiento para lanchas de narcotraficantes. Sin embargo, los familiares de los detenidos, que se manifestaron en el puerto de Manta, sostienen que son simples pescadores. "¿Qué quiere el presidente? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo?", clamaba una de las parientes. La pregunta trasciende el caso particular y apunta a una herida social profunda que afecta a muchas comunidades costeras de Hispanoamérica, donde la falta de oportunidades empuja a la gente a oficios precarios o a la economía ilícita.

El hecho de que una potencia extranjera intercepte, hunda y detenga a ciudadanos en aguas internacionales, con el aplauso de un gobierno hispanoamericano, plantea graves interrogantes sobre la soberanía nacional. Más allá de la culpabilidad o inocencia de los tripulantes —que debe ser probada en un juicio justo—, se normaliza una tutela externa sobre la seguridad del continente. Este operativo no es un hecho aislado. Según se ha informado, la campaña del Ejército de Estados Unidos en la región ya ha dejado un saldo de más de 220 muertos en un año, una cifra alarmante que Amnistía Internacional sigue con preocupación, investigando incluso desapariciones forzadas. La dignidad de estas personas, sean pescadores o delincuentes, parece disolverse en la vastedad del océano y en la lógica de la "guerra contra las drogas", que a menudo prioriza los objetivos geopolíticos sobre los derechos humanos.

En paralelo, la Junta de Apelaciones de Inmigración de EE. UU. (BIA) ofrece la otra cara de la moneda. Al dictaminar que un cambio de gobierno en Venezuela obliga a reexaminar individualmente cada solicitud de asilo, el sistema judicial estadounidense se erige en árbitro de la realidad política de una nación hispana. La decisión, aunque técnicamente legal, convierte un derecho fundamental, como es la protección frente a la persecución, en una concesión condicionada por la política exterior de Washington. El temor de una familia, las amenazas sufridas o la anulación de un pasaporte dejan de ser el centro del análisis, que ahora debe ponderar si el "nuevo contexto de gobernanza" sigue justificando el miedo. Se trata de una lógica utilitarista, donde el inmigrante no es visto como una persona con una dignidad inherente que busca refugio, sino como una pieza en el tablero de las relaciones internacionales.

Ambos casos, el militar y el burocrático, derivan de la misma raíz: la pervivencia de una doctrina que considera a Hispanoamérica un área de influencia directa, un espacio donde Estados Unidos se siente legitimado para intervenir, ya sea con guardacostas o con sentencias judiciales. Esta visión, heredera del Destino Manifiesto, impide una relación entre iguales y fomenta la subordinación. La tragedia es que esta dinámica se ve facilitada por la inacción y, en casos como el de Ecuador, la colaboración activa de algunos líderes hispanos, que prefieren pactos bilaterales de sumisión a la construcción de un frente común que defienda los intereses y la soberanía del conjunto de la Hispanidad. Sin una voz unificada y fuerte, nuestros pueblos seguirán siendo objeto de políticas ajenas, ya sea como blancos en el mar o como expedientes en un archivo.