De la Espriella: delación premiada y FMI para rescatar Colombia

A menos de dos meses de asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella ha presentado un diagnóstico y una terapia de choque para Colombia que resuenan en todo el continente hispanoamericano. Su gobierno se estrena con una doble acometida contra dos de los males crónicos que afligen a la región: la corrupción sistémica y el colapso de los servicios públicos esenciales. La propuesta, sin embargo, revela la fragilidad que subyace al esfuerzo: la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El primer frente es una cruzada contra la corrupción del anterior gobierno. De la Espriella, abogado de profesión, ha optado por un pragmatismo judicial que recuerda a las grandes operaciones continentales. Ha pedido a la justicia que ofrezca beneficios penales a los corruptos que colaboren, delaten a sus cómplices y revelen la totalidad de las tramas. El objetivo, afirma, es que “paguen todos aquellos que participaron en el festín corrupto”. Su lenguaje, sin embargo, trasciende lo puramente legal. Al pedir a los investigados que se “arrepientan” y realicen un “acto de contrición”, el presidente apela a un sustrato moral profundamente arraigado en la cultura hispánica. No se trata solo de un acuerdo procesal, sino de un llamado al reconocimiento del daño causado “a la patria”.

Esta estrategia no es nueva en Hispanoamérica. El escándalo de Odebrecht demostró cómo la colaboración de los implicados era la única vía para desentrañar una red de sobornos que se extendía por una docena de países. Cada nación reaccionó de forma distinta, a menudo con resultados dispares y frustrantes. El plan de De la Espriella parece un intento de aplicar a escala nacional y de forma controlada esa misma lógica, buscando una eficacia que a menudo faltó en la respuesta continental coordinada. Es un reconocimiento de que, sin la cooperación de quienes estuvieron dentro, la justicia apenas puede arañar la superficie del problema.

El segundo frente es la emergencia sanitaria. Con más de un millón de ciudadanos esperando medicamentos o procedimientos, y un sistema que el propio presidente califica de “abandono con formulario”, De la Espriella ha ordenado un “plan de choque”. La prioridad es la ejecución: un seguimiento individualizado de cada caso hasta su resolución. “A la gente hay que resolverle”, sentenció. Este enfoque, centrado en la dignidad de la persona y en la obligación del Estado de garantizar el bien común, contrasta con las grandes reformas abstractas que a menudo se pierden en la burocracia. Es una vuelta a lo esencial: la función primera del poder público es el servicio concreto al ciudadano, especialmente al más vulnerable.

Ambas crisis, la moral por la corrupción y la material por el descalabro sanitario, convergen en una grave crisis fiscal. Y es aquí donde el drama colombiano se conecta con un viejo dilema hispanoamericano. Para evitar la quiebra, De la Espriella ha anunciado contactos con el FMI. Este recurso, aunque a veces inevitable, enciende las alarmas sobre la soberanía económica. El FMI, institución con sede en Washington, no es un actor neutral; sus préstamos suelen ir acompañados de duros programas de ajuste estructural que dictan la política económica de los países deudores, a menudo con un alto coste social y en línea con los intereses de los grandes centros financieros de la anglosfera.

La situación de Colombia pone de manifiesto, una vez más, la inacción de los líderes hispanos a la hora de construir alternativas. La ausencia de un fondo de estabilización o de un banco de desarrollo hispanoamericano potente y autónomo obliga a nuestros países, uno tras otro, a llamar a la puerta de instituciones que no siempre velan por sus intereses. La cruzada de De la Espriella por la regeneración interna de Colombia es un esfuerzo notable, pero su desenlace dependerá también de un tablero geopolítico en el que la Hispanidad, por su desunión, sigue sin ser un jugador de peso.