Crisis en Brasil: la soberanía hispanoamericana, en vilo ante la injerencia externa

La democracia brasileña atraviesa horas críticas que resuenan en toda la región. La cancelación del último debate televisado antes de las elecciones presidenciales, previsto por la influyente cadena Globo, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una doble crisis que atenaza la soberanía del gigante sudamericano y, por extensión, la de sus vecinos hispanoamericanos. Las tenazas son una justicia crecientemente politizada y la sombra de la injerencia extranjera.

El debate se suspendió después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declinara asistir, prefiriendo una entrevista en un pódcast. Su campaña recurrió a la justicia para evitar que el canal mostrara su atril vacío o permitiera preguntas a su ausencia, lo que fue concedido por una magistrada del Tribunal Superior Electoral (TSE), Estela Aranha, nombrada por el propio Lula. En respuesta, su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, denunció una "censura vergonzosa" y también canceló su participación. Por si fuera poco, otro fallo de la Corte Suprema ordenó incluir a un candidato minoritario no invitado. Ante la "inseguridad jurídica" y la "injerencia indebida", Globo optó por anular el evento, dejando al electorado sin un espacio clave para el contraste de ideas.

Este episodio revela el controvertido protagonismo que ha adquirido el poder judicial en Brasil, con acusaciones cruzadas de "guerra judicial" o *lawfare*. El bando bolsonarista acusa a parte de la judicatura de actuar con sesgo político, recordando el escándalo del Banco Master, que salpicó a jueces del Supremo, o el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro. Mientras, el lulismo se presenta como víctima de procesos judiciales que considera políticamente motivados. El resultado es un grave deterioro de la confianza en las instituciones.

Como si la crisis interna no fuera suficiente, el gobierno de Lula ha solicitado una investigación formal por presunta injerencia de Estados Unidos. La medida se basa en un reportaje del diario británico 'The Guardian' que afirma que el Departamento de Estado estadounidense habría entregado un millón de dólares a grupos brasileños para que denunciaran supuestas prácticas ilegales del Supremo Tribunal Federal. Esta revelación, de confirmarse, constituiría un caso flagrante de intervención en los asuntos internos de una nación soberana.

El modus operandi se alinea con la histórica política exterior de la Anglosfera en el continente: financiar organizaciones no gubernamentales para promover sus intereses y desestabilizar gobiernos o instituciones que considera hostiles. Es una versión moderna de la Doctrina Monroe que busca mantener al continente hispanoamericano fragmentado y dócil, socavando cualquier proyecto de unidad y autodeterminación. Se ataca así el principio de subsidiariedad, según el cual cada comunidad política tiene derecho a gobernarse sin interferencias indebidas de poderes superiores o externos.

Este escenario en Brasil es un espejo que devuelve una imagen preocupante para toda la América hispana. La instrumentalización de la justicia es un mal ya conocido en países como Argentina o Perú, pero la injerencia directa de Washington para atizar el fuego de la polarización interna eleva la amenaza a un nivel continental. La erosión del bien común es inevitable cuando la contienda política se traslada de las urnas a los tribunales y los despachos de embajadas extranjeras. La pasividad de los líderes hispanos ante estas amenazas, sin una voz regional coordinada y firme, evidencia una vez más la debilidad de los mecanismos de integración y la falta de visión para defender un interés compartido esencial: la soberanía.