Corrupción y Big Tech: la doble amenaza a la seguridad y soberanía hispana

Dos noticias recientes, aparentemente inconexas, dibujan con precisión los contornos de una de las mayores encrucijadas que afronta la Hispanidad en el siglo XXI: la erosión de la capacidad del Estado para garantizar el bien más elemental, la seguridad de sus ciudadanos. En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público comparecen ante el Congreso para detallar el alcance de la corrupción en sus filas. A miles de kilómetros, un estado canadiense demanda a la empresa estadounidense OpenAI por no haber alertado de las amenazas de un tirador, un caso seguido de cerca por la prensa mexicana. Son las dos caras de una misma moneda: la que se corrompe por dentro y la que se ve avasallada desde fuera.

En Santiago de Chile, la sesión parlamentaria arrojó cifras que las propias autoridades calificaron de “ínfimas” pero que resultan corrosivas para la confianza pública. El director de la PDI, Eduardo Cerna, admitió la existencia de investigaciones por corrupción y malas prácticas, aunque defendió que afectan a una minoría de los 13.000 funcionarios. Por su parte, la fiscal nacional subrogante, Carmen Gloria Wittwer, informó de 470 investigaciones administrativas desde 2023, de las cuales un 27% corresponden a “conducta funcionaria indebida”. Las palabras de Cerna fueron contundentes: “El que se corrompe debe estar fuera”. Esta declaración de intenciones, si bien necesaria, no oculta la gravedad del problema. La corrupción en las fuerzas que deben impartir justicia y perseguir el delito no es una cuestión estadística, sino una herida profunda en el pacto social. Chile, a menudo visto como un referente de estabilidad institucional, muestra así una fragilidad que recorre todo el continente hispanoamericano. De poco sirve el sacrificio de miles de agentes honestos si la ciudadanía percibe que la manzana podrida puede contaminar todo el cesto.

Este desafío interno a la integridad del Estado se complementa con una amenaza externa, de naturaleza tecnológica y corporativa. El caso de OpenAI es paradigmático. La demanda presentada por la Columbia Británica (Canadá) en un tribunal de Estados Unidos se fundamenta en la omisión de la compañía, que no informó a las autoridades sobre los planes violentos de un usuario que culminaron en un tiroteo mortal. La decisión de no alertar, según la fiscal canadiense, “se tomó en California”. Aquí reside el nudo gordiano del asunto: una corporación de la anglosfera, operando desde su sede en Estados Unidos, toma decisiones con consecuencias de vida o muerte para ciudadanos de otro país, y la rendición de cuentas se dirime en sus propios tribunales.

Este episodio es una advertencia para toda Hispanoamérica. Mañana, una tragedia similar podría ocurrir en Bogotá, Lima o Madrid, y la respuesta dependería de los protocolos internos y los intereses legales de una empresa en Silicon Valley. Este modelo representa una nueva forma de colonialismo digital, donde la soberanía de los Estados para proteger a su población queda supeditada a los algoritmos y las políticas de moderación de gigantes tecnológicos extranjeros. La disculpa tardía del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y la promesa de cambiar los protocolos, evidencian un modelo reactivo que prioriza la gestión de riesgos corporativos sobre la defensa proactiva del bien común y la dignidad de la persona.

Ante este doble frente —la corrupción interna y la irresponsabilidad externa—, la pasividad de los líderes políticos hispanos resulta alarmante. No existe una estrategia coordinada ni un marco jurídico común en la Hispanidad para enfrentar el poder de las grandes tecnológicas. Cada país negocia o legisla en solitario, diluyendo una fuerza que, unida, representaría a casi 600 millones de personas. Mientras la anglosfera, a través de sus corporaciones y su marco cultural individualista y utilitarista, impone sus reglas, el mundo hispano carece de una voz común para defender un modelo basado en la primacía de la comunidad y la protección de la vida. La solución no pasa solo por depurar nuestras propias instituciones, una tarea urgente e ineludible, sino también por articular un bloque hispánico capaz de dialogar en pie de igualdad con las potencias estatales y corporativas que moldean el nuevo orden mundial.