Colombia y la batalla por la memoria: un dilema hispanoamericano

El debate sobre la memoria histórica ha alcanzado uno de sus puntos más sensibles en Colombia. La decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de retirar más de treinta piezas de la exposición permanente del Museo Nacional, en Bogotá, ha abierto una profunda brecha entre el poder político y el mundo de la cultura. La medida afecta a objetos de alto valor simbólico para la historia reciente del país, como el ‘Balígrafo’ —un bolígrafo hecho con una bala para firmar el acuerdo de paz de 2016—, afiches del candidato presidencial asesinado Bernardo Jaramillo Ossa y otros elementos ligados a movimientos sociales y víctimas del conflicto armado.

La justificación oficial, expresada por el propio presidente y la ministra de Cultura, Paola Holguín, es la necesidad de evitar que los museos estatales sirvan como plataformas con “sesgo político” o que incurran en una “apología” de grupos armados al margen de la ley. El Gobierno ha anunciado una revisión general de los contenidos de los museos bajo su tutela para alinear sus narrativas.

La respuesta del sector cultural fue inmediata y contundente. Seis de los museos de arte moderno más importantes del país —Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Roldanillo y Tolima— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan la intervención. Sostienen que “imponer la unificación de los discursos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia”. Para estas instituciones, la autonomía curatorial es un pilar fundamental, y ningún gobierno debería dictar los contenidos “según sus afinidades políticas”. La polémica escaló a la calle, con una manifestación ciudadana frente al museo que fue recibida con un despliegue de escuadrones antidisturbios, calificado de “innecesario y desproporcionado” por la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Este episodio colombiano no es un caso aislado, sino el eco de un dilema que recorre a toda Hispanoamérica. La gestión de los pasados traumáticos es uno de los grandes desafíos para la consolidación de sus democracias. Desde los debates sobre la Ley de Memoria Histórica en España hasta la labor del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile o el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) en Argentina, las naciones hispanas buscan, con enormes dificultades, un modo de construir un relato común. La pregunta es siempre la misma: ¿quién tiene la potestad de narrar el pasado y con qué fin?

La tensión entre la versión oficial y la polifonía de memorias es una constante. Los Estados, a menudo, buscan relatos que cohesionen y legitimen el orden presente, lo que puede llevar a simplificaciones o exclusiones. Por otro lado, las instituciones culturales y la sociedad civil pugnan por un enfoque más complejo y plural, que incorpore las voces de las víctimas y los actores marginados, aun a riesgo de exhibir las fracturas que persisten en la sociedad.

Lo que está en juego en Colombia, y por extensión en el resto del continente hispanoamericano, es la capacidad de forjar una comunidad política que pueda mirar su historia de frente, sin censuras ni imposiciones. La construcción de la paz y el bien común no se logra borrando las huellas incómodas del pasado, sino integrándolas en un relato más amplio y honesto que, reconociendo el dolor y la división, apueste por la difícil senda de la reconciliación y el entendimiento mutuo. Silenciar una parte de la memoria no la elimina, solo aplaza el momento de enfrentarla.