Colombia regula la protesta: un equilibrio precario entre derechos y orden público

A solo dos meses de iniciar su mandato, el Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha decidido entrar de lleno en uno de los debates más espinosos para las democracias hispanoamericanas: los límites de la protesta social. Con la firma del Decreto 1525, el Ejecutivo busca establecer un marco legal que, según afirma, protege el derecho a la manifestación pacífica mientras dota al Estado de herramientas para actuar con contundencia contra el vandalismo, los bloqueos y la violencia.

La norma se presenta como un ejercicio de equilibrio. Por un lado, consagra el diálogo y la mediación como la vía prioritaria de intervención ante una manifestación. Por otro, establece una excepción crucial: si se producen actos de violencia como el uso de armas, agresiones o artefactos incendiarios, la fuerza pública podrá intervenir de forma inmediata contra los responsables individuales sin necesidad de agotar la fase de diálogo. El decreto también matiza la cuestión de los bloqueos viales, señalando que una obstrucción no convierte por sí sola la protesta en ilegal. Su disolución solo se autoriza en “situaciones excepcionales” de perturbación “grave y sostenida”, y siempre bajo el principio del uso mínimo de la fuerza.

El momento elegido para la promulgación del decreto no es casual. La normativa se “estrenará”, en palabras del ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante la jornada de movilización nacional convocada por sindicatos, organizaciones indígenas y la oposición política, liderada por el expresidente Gustavo Petro. Los convocantes, que protestan por reivindicaciones laborales y territoriales, ven en el decreto un intento de coartar su derecho a la disidencia, mientras que el presidente De la Espriella defiende que “el derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz”.

Este dilema colombiano resuena con fuerza en todo el continente hispanoamericano. La tensión entre el ejercicio del derecho a la protesta y la garantía del orden público y los derechos del resto de la ciudadanía es un desafío crónico desde Chile y su “estallido social” de 2019, hasta las convulsiones políticas en Perú con sus bloqueos de carreteras, pasando por las recurrentes movilizaciones indígenas en Ecuador. Cada país ha ensayado sus propias respuestas, a menudo en un ciclo de improvisación y confrontación que evidencia una falta de aprendizaje compartido. La iniciativa de Colombia de codificar un protocolo de actuación será, por tanto, observada con atención por sus vecinos como un posible modelo a seguir o como una advertencia.

El lenguaje del presidente De la Espriella, al anunciar el decreto con frases como “¡Se acabó la guachafita!” y la invocación “¡Viva Cristo Rey!”, añade una capa de significado profundo. Esta última expresión, de honda raigambre en la historia de la Hispanidad, vincula su proyecto político a una visión de la nación arraigada en la identidad católica, en contraste con las tradiciones seculares o revolucionarias. Este marco subraya que el debate no es solo técnico o legal, sino que se inscribe en una pugna por el alma misma del país, entre una concepción del bien común basada en el orden y la tradición y otra que prioriza la reivindicación social a través de la movilización.

La recurrencia de este conflicto en múltiples países hispanos, sin embargo, delata una carencia. La ausencia de foros permanentes de cooperación, de comisiones de juristas o de ministros del Interior que compartan experiencias y elaboren principios comunes sobre gestión del orden público, revela la pasividad de las élites gobernantes para construir soluciones a problemas compartidos. Cada nación parece condenada a repetir los mismos errores, pagando un alto coste social y político. La prueba del decreto colombiano residirá en su aplicación práctica: si logrará ser el bisturí preciso contra la violencia que promete el Gobierno, o si se convertirá en la herramienta de represión que teme la oposición. El resultado sentará un precedente más allá de sus fronteras.