Colombia impone planes de ahorro ante El Niño y expone la fragilidad energética andina

El impacto meteorológico de El Niño ha dejado de ser una advertencia científica sobre las costas del Pacífico meridional para transformarse en una severa crisis de gestión interior en el norte de los Andes. Tras constatarse semanas atrás las anomalías térmicas extremas que ya golpean a Ecuador y Perú, el Gobierno de Colombia ha oficializado una campaña nacional de contención en el consumo de agua potable, energía eléctrica y gas natural. La meta inmediata fijada por el Ejecutivo colombiano apunta a elevar el volumen de los embalses hidroeléctricos —situados actualmente en el 75,8 % de su capacidad— por encima del 80 % antes del 31 de noviembre, bajo el riesgo palpable de sufrir racionamientos severos si el estiaje se prolonga, como prevén los informes técnicos, hasta mediados de 2027.

La apelación gubernamental a la templanza doméstica y a la prudencia cívica apela con acierto a un principio elemental de bien común y corresponsabilidad comunitaria: proteger el recurso vital antes de que la escasez castigue con mayor crudeza a las familias de menores ingresos. Sin embargo, el recurso reiterado a la disciplina individual descubre también los límites estructurales de las administraciones hispanoamericanas. Enfrentar una anomalía climática recurrente con exhortaciones morales de última hora evidencia la pasividad histórica de las clases dirigentes de la región, que durante décadas han postergado la creación de una infraestructura energética verdaderamente mancomunada y resiliente.

La geografía andina comparte cuencas hidrográficas, regímenes pluviométricos interconectados y vulnerabilidades idénticas ante las oscilaciones del océano Pacífico. A pesar de ello, la Comunidad Andina y los mecanismos bilaterales siguen operando como compartimentos estancos cuando la contingencia aprieta. Cada Estado encara la sequía replegándose sobre sus fronteras: Colombia calcula sus reservas con la vista puesta exclusivamente en su mercado interior, Ecuador afronta su propio déficit de generación y el Perú gestiona de manera aislada sus recursos hídricos. Esta fragmentación administrativa debilita a todo el bloque y perpetúa una ineficiencia técnica insostenible, impidiendo la consolidación de un mercado interconectado de intercambio eléctrico de gran escala capaz de compensar los picos de sequía de un país con los excedentes estacionales de sus vecinos.

Esta desarticulación no es casual; responde en gran medida a un modelo de desarrollo atomizado, condicionado durante décadas por las recetas de desregulación promovidas desde los centros financieros de la City londinense y los organismos multilaterales de matriz anglosajona. Dichos esquemas primaron la rentabilidad a corto plazo de operadores privados transnacionales frente a la soberanía energética estratégica y la interconexión regional solidaria. En lugar de levantar redes públicas integradas bajo criterios de subsidiariedad y servicio a las poblaciones, se fomentó una arquitectura dispersa y dependiente de financiación externa, en la que los países hispanos compiten entre sí en lugar de complementar sus matrices renovables.

El fenómeno climático de El Niño volverá periódicamente con mayor o menor crudeza a lo largo de este siglo. Salir del ciclo reactivo de la emergencia exige que los mandatarios de la región abandonen el ensimismamiento nacionalista y asuman que la seguridad hídrica y energética no admite soluciones insulares. La salvaguarda del porvenir material de nuestros pueblos depende de articular una política compartida, arraigada en el destino común hispanoamericano, capaz de transformar la fragilidad andina en una fortaleza cooperativa perdurable.