Colombia: El fuego se ceba con el patrimonio natural y expone fisuras en la respuesta

Mientras los equipos de emergencia logran controlar en un 75% el incendio que amenazaba el patrimonio arquitectónico de Villa de Leyva, la crisis en Colombia ha mutado, revelando una faceta más compleja y profunda. El fuego, alejado del casco urbano, se ensaña ahora con el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, un ecosistema de alta montaña de valor incalculable. Esta nueva fase de la catástrofe no solo representa una pérdida irreparable para la biodiversidad, sino que también ha sacado a la luz las tensiones en la gestión de desastres dentro del propio Estado.

La voz de alarma más significativa ha sido la del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha formulado un llamado público de auxilio al Gobierno nacional. En una declaración que evidencia la fricción entre administraciones, Amaya afirmó que los únicos dos helicópteros que combatían las llamas fueron contratados por su gobernación, solicitando con urgencia el envío de más aeronaves estatales. “Pedimos ayuda al Gobierno nacional, que no pare los helicópteros, que al contrario envíe más para apoyar a nuestras tropas y brigadistas”, enfatizó. Este ruego contrasta con los comunicados del Ministerio del Interior, que aseguran un compromiso total de recursos, y dibuja un cuadro de descoordinación en un momento crítico.

Este episodio no es una simple disputa política, sino la manifestación de un desafío estructural recurrente en el mundo hispano: la aplicación del principio de subsidiariedad. La autoridad local, la más próxima al problema, actúa hasta el límite de su capacidad, pero la superación de la crisis depende de una instancia superior que, en ocasiones, responde con una velocidad o una contundencia que se perciben como insuficientes desde el terreno. Este patrón de tensión entre el poder central y los gobiernos regionales o provinciales es una constante histórica desde la independencia, y su gestión define la eficacia del Estado ante las emergencias.

La situación de Boyacá, además, dista de ser un hecho aislado. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la amenaza se extiende por gran parte del territorio colombiano, con 91 municipios en alerta roja por alto riesgo de incendios, principalmente en la región andina. Departamentos como Tolima, Nariño y Huila enfrentan una vulnerabilidad similar, lo que convierte la serie de incendios en una crisis de envergadura nacional que pone a prueba la capacidad de respuesta del país en su conjunto.

La tragedia ecológica en el Santuario de Iguaque es un doloroso recordatorio de la fragilidad de nuestro patrimonio común. Así como Colombia, otras naciones hispanas como Chile, España o Argentina sufren periódicamente el azote de incendios forestales devastadores. Cada país combate su propia batalla, a menudo con recursos limitados. La crisis colombiana, con sus fisuras internas, debería servir de catalizador para una reflexión más amplia: la creación de un mecanismo de cooperación permanente y de respuesta rápida en toda la Hispanidad. La defensa de nuestro acervo natural, parte esencial de lo que somos, exige una solidaridad que trascienda las fronteras y las competencias administrativas para convertirse en un verdadero esfuerzo mancomunado.