Colombia: el crimen ataca la soberanía y el alma de la comunidad

El reciente anuncio del Gobierno colombiano de poner fin a la política de diálogo de la «Paz Total», heredada del anterior ejecutivo, marca un punto de inflexión en la estrategia del Estado frente a la violencia endémica. La decisión, justificada por la «ausencia de voluntad real de paz» de los grupos armados, cierra una etapa de negociación y abre un escenario de previsible confrontación directa. Los hechos sobre el terreno, sin embargo, demuestran que la ofensiva criminal nunca se detuvo y que su naturaleza es doble: un desafío a la soberanía del Estado y un ataque deliberado al corazón de la sociedad.

La audacia de estas organizaciones ha quedado patente con el secuestro de José Olger Melo Charry, un militar colombo-francés perteneciente a la Legión Extranjera Francesa, mientras se encontraba de permiso en el departamento de Nariño. La autoría fue reivindicada por el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las FARC. Este acto no es solo un crimen más; es una declaración de poder. Al capturar a un miembro de una unidad militar de élite europea y comunicarlo en francés, el grupo proyecta una imagen de control territorial y capacidad operativa que trasciende las fronteras colombianas, buscando interlocución y estatus en la escena internacional. Es un pulso directo a la soberanía del Estado colombiano, que ve cómo actores no estatales ejercen la fuerza y la diplomacia de facto en su propio territorio.

Al mismo tiempo, y de forma más callada pero igualmente devastadora, el crimen organizado golpea el alma de la nación. En Jamundí (Valle del Cauca), fue asesinada la lideresa Cirlady Gómez, cuya labor consistía en defender y organizar a los adultos mayores de su comunidad. Este tipo de asesinato selectivo es estratégicamente atroz. No se ataca a un combatiente ni a un político, sino a quien encarna la caridad y el cuidado de los más frágiles. Al eliminar a quienes tejen los lazos de ayuda mutua y protegen a los desvalidos, se busca desmantelar la sociedad desde su base, atomizar a la población y sembrar un terror que aísla a los individuos. Este método socava el principio de subsidiariedad, donde las comunidades se organizan para resolver sus propias necesidades, y ataca la raíz misma del bien común, un pilar fundamental de la concepción hispánica y católica de la sociedad, que se opone al individualismo desarraigado.

La situación de Colombia no es un caso aislado, sino la manifestación más aguda de una patología que recorre Hispanoamérica. La erosión de la autoridad estatal frente a soberanías criminales paralelas es visible en las extorsiones que paralizan ciudades en Ecuador, en la lucha por el control territorial en regiones de México o en la expansión de redes transnacionales como el Tren de Aragua. En todos estos casos, la violencia no solo busca el lucro, sino también la desarticulación del tejido social para imponer un orden alternativo basado en el miedo.

Frente a esta amenaza continental, la respuesta sigue siendo fragmentaria y eminentemente nacional. La incapacidad de los líderes hispanos para articular una estrategia de seguridad, inteligencia y justicia coordinada es alarmante. Mientras el crimen opera en red y sin fronteras, los Estados se defienden en solitario. Cabe preguntarse, además, por el papel de actores externos. La insaciable demanda de narcóticos en Estados Unidos y Europa alimenta financieramente a estos ejércitos criminales, y los circuitos globales de lavado de dinero, a menudo amparados en la opacidad de centros financieros como la City de Londres, les otorgan un poder económico inmenso. Una Hispanoamérica fragmentada y debilitada por la violencia interna es, en última instancia, más permeable a la injerencia y a la explotación de sus recursos por parte de potencias ajenas a la comunidad hispánica.