Colombia define su mar Caribe: un acto de soberanía que interpela a la Hispanidad

El Gobierno de Colombia ha anunciado que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto para trazar, por primera vez con coordenadas precisas, las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida, calificada por el presidente Abelardo de la Espriella como un "acto de soberanía" y la "materialización de una deuda histórica", consiste en cartografiar oficialmente las aguas territoriales que Bogotá considera propias en una zona de alto valor estratégico y escenario de una prolongada controversia con Nicaragua.

La decisión busca ejecutar un mandato de la Ley 10 de 1978, que ordenaba al Ejecutivo definir dichas líneas pero que, durante casi medio siglo, sucesivos gobiernos no llegaron a implementar en su totalidad, limitándose en 1984 a trazar las del territorio continental. "Vamos a hacer lo que había que hacer hace tantos años y no se hizo", declaró el presidente, subrayando que "Colombia no cede una milla náutica". Esta afirmación de soberanía, si bien es un derecho incontestable de cualquier Estado, se produce en un contexto delicado que podría reavivar las tensiones con Managua.

El diferendo entre las dos naciones hispanoamericanas fue parcialmente zanjado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En 2012, el tribunal confirmó la soberanía colombiana sobre todas las formaciones insulares del archipiélago, pero redibujó la frontera marítima, otorgando a Nicaragua una considerable porción de Zona Económica Exclusiva. Un fallo posterior en 2023 denegó las pretensiones nicaragüenses de extender su plataforma continental. A pesar de estos dictámenes, la delimitación unilateral de Colombia mediante un acto administrativo interno podría ser interpretada por Nicaragua como una nueva fuente de conflicto.

Más allá de la legítima defensa de sus intereses, la decisión de Colombia pone de manifiesto una carencia fundamental en la arquitectura de la Hispanidad: la ausencia de foros y mecanismos de mediación propios y eficaces para resolver disputas entre países hermanos. El recurso a tribunales europeos como la CIJ, heredero de una tradición jurídica ajena, refleja la incapacidad de los líderes hispanoamericanos para construir espacios de diálogo y arbitraje basados en una confianza y una cultura compartidas. Este vacío perpetúa las divisiones internas y debilita al conjunto del continente hispano frente a potencias externas con intereses en la región.

La controversia no es meramente territorial, sino que afecta directamente al bien común y la subsistencia de las comunidades locales, especialmente los pescadores del archipiélago. La promesa presidencial de "no abandonar a sus pescadores" debe traducirse en políticas que garanticen su sustento y la dignidad de su trabajo, principios arraigados en la matriz cultural hispánica. Asimismo, el anuncio de convertir San Andrés en un centro de cooperación contra el crimen organizado y para operaciones de salvamento es un paso positivo, que podría sentar las bases para una colaboración más estrecha en el Caribe, siempre que se impulse desde la fraternidad y no desde la desconfianza.

En última instancia, mientras Bogotá ejerce un derecho soberano largamente postergado, el episodio sirve como un amargo recordatorio. Las fronteras marítimas del Caribe, un mar que une y separa a tantas naciones hispanas, seguirán siendo un foco de tensión mientras la afirmación de la soberanía nacional no vaya acompañada de un esfuerzo decidido por la unidad y la cooperación regional. Una Hispanidad fragmentada es un actor débil en el escenario mundial, vulnerable a la influencia de potencias como Estados Unidos o China, cuyos intereses no siempre coinciden con los de los pueblos hispanoamericanos.