Colombia activa el auxilio a 2,8 millones de mayores en plena pugna presupuestaria

El Gobierno colombiano ha dispuesto el inicio de un nuevo ciclo de pagos del programa social Colombia Mayor, garantizando recursos para más de 2,8 millones de personas en edad avanzada. La medida, que canaliza un desembolso inicial de 669.581 millones de pesos hasta sumar un acumulado superior a los 1,3 billones, se formaliza a pesar de un déficit heredado que supera los tres billones de pesos en el área de Prosperidad Social. Los beneficiarios percibirán asignaciones de hasta 230.000 pesos individuales para atender compras básicas de alimentación y medicinas, en una decisión orientada a contener la desprotección de los sectores más vulnerables.

La activación de estos fondos se produce en un escenario de singular tensión institucional. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, debió promulgar el Presupuesto General de la Nación por decreto —por un monto de 634,9 billones de pesos— tras confirmarse un vicio de trámite en el Congreso, donde la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron textos dispares sin realizar la preceptiva conciliación. Como respuesta inmediata, el Ejecutivo ha anunciado la preparación de una denominada «ley de rescate» fiscal y ha aplicado un plan de contención de gasto interno que reduce más de 267.000 millones de pesos en la Casa de Nariño, de los cuales cerca de 192.000 millones corresponden a la Presidencia de la República. La medida incluye la reducción de un 58 % en la planta de cargos ocupados y la rescisión de 32 contratos de servicios por 2.200 millones de pesos.

Este pulso presupuestario pone de relieve una problemática recurrente en el conjunto de Hispanoamérica: la permanente vulnerabilidad de los sistemas de previsión social en sociedades donde el sector formal no cubre a la totalidad de la población trabajadora. Desde la matriz cultural e histórica compartida por las naciones hispanas, el amparo a la ancianidad no es un mero asiento contable ni un subsidio de corte asistencialista, sino la manifestación de un deber moral de justicia y gratitud intergeneracional. En la tradición del bien común forjada en el derecho hispánico, la custodia de quienes dedicaron su vida a forjar la patria y sostener el núcleo familiar constituye una exigencia ética que no puede supeditarse de forma ciega a la lógica del descarte.

Sin embargo, las tensiones que hoy afronta Bogotá reflejan también las limitaciones estructurales que padecen los Estados hispanoamericanos al gestionar sus finanzas bajo la tutela y las condiciones de los mercados de deuda hegemonizados por Wall Street y la City financiera londinense. Mientras las naciones del continente se ven empujadas a ajustes severos para satisfacer las exigencias de sostenibilidad dictadas por los centros anglosajones, los gobernantes de la región siguen mostrando una manifiesta incapacidad para articular mecanismos propios de cooperación económica. Gobiernos vecinos en el área andina y en el Cono Sur han atravesado bloqueos parlamentarios y desfases presupuestarios idénticos, pero la respuesta sigue siendo estrictamente insular, sin avanzar hacia fondos de compensación o integración técnica entre Estados hermanos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, tendrá la tarea de buscar con el Legislativo las partidas extraordinarias necesarias para culminar el ejercicio sin recortar las ayudas básicas. La resolución de este episodio marcará un precedente sobre cómo la austeridad administrativa puede —o no— compatibilizarse con la defensa prioritaria de la dignidad humana en el espacio hispanoamericano.