Ceuta y Pegasus: las crisis que desnudan la fragilidad del Gobierno español

La estrategia de comunicación del Gobierno español sobre la crisis de Ceuta ha resultado ser un bumerán. En un intento por demostrar transparencia y zanjar las críticas sobre su imprevisión, el Ejecutivo desclasificó una serie de informes que, en lugar de exonerarle, confirmaron la existencia de avisos previos por parte de los servicios de inteligencia sobre el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes instigada por Marruecos. Lo que fue diseñado como un golpe de efecto se ha convertido en un grave «error no forzado», como admiten fuentes del propio partido socialista en el poder, que ha sumido al Gobierno en una crisis de credibilidad.

El fiasco ha desatado una tormenta interna. La publicación de los documentos no solo no acalló las críticas, sino que las multiplicó, generando estupor e incomprensión en las propias filas gubernamentales. La defensa del presidente Sánchez, argumentando que los avisos no permitían anticipar la «magnitud» de la crisis, ha sido recibida con escepticismo y ha puesto al Ejecutivo en una posición insostenible: para salvar la responsabilidad política, se ha visto abocado a cuestionar públicamente la eficacia de sus propios servicios de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una de las instituciones clave del Estado. Esta maniobra de autoprotección a costa de la seguridad nacional proyecta una imagen de profunda desorganización y debilidad institucional.

Esta aparente inconsistencia en la gestión de la seguridad del Estado se manifiesta de forma aún más alarmante en otro frente directamente conectado con la presión marroquí: el caso Pegasus. Mientras el Gobierno se enredaba en sus explicaciones sobre Ceuta, trascendía que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se negó a recibir en 2024 información de un emisario de un ex alto cargo del espionaje marroquí. Dicho emisario afirmaba poseer pruebas sobre la autoría y el contenido del espionaje al teléfono del presidente Sánchez con el software Pegasus, un ataque ocurrido en el clímax de la tensión con Rabat.

Según fuentes jurídicas, la decisión del fiscal de remitir al informante a los cauces ordinarios del juzgado, en lugar de iniciar diligencias para asegurar la información como obliga la ley, resulta anómala. Da la impresión de que las instituciones del Estado español prefieren no conocer la verdad para evitar un conflicto diplomático de consecuencias imprevisibles con Marruecos. Se optaría así por una política de apaciguamiento que, al mostrar debilidad, podría invitar a nuevas presiones. La investigación judicial sobre Pegasus ya había sido archivada por la falta de cooperación de Israel, país de origen de NSO Group, la empresa creadora del software espía. La negativa del Estado de Israel a colaborar con la justicia española en un asunto de espionaje a su jefe de Gobierno es un hecho de enorme gravedad que revela un choque de intereses y deja a España en una posición de indefensión.

El telón de fondo de esta doble crisis es el cambio de equilibrios geopolíticos en el Magreb, acelerado por la decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Esta decisión, que rompió el consenso internacional, envalentonó a Rabat y debilitó la posición negociadora de España, que se ve ahora sometida a una campaña de presión híbrida que combina el uso de la migración como arma y el ciberespionaje.

Para el conjunto de la Hispanidad, el espectáculo de un gobierno español que parece tropezar consigo mismo y que es incapaz de articular una defensa coherente de su soberanía es una lección y una advertencia. Demuestra que la debilidad interna y la falta de una estrategia clara son la antesala de la pérdida de soberanía efectiva. La incapacidad de España para gestionar esta crisis con firmeza no solo daña su prestigio internacional, sino que también socava su credibilidad como posible referente o socio principal para las naciones hermanas de Hispanoamérica, que observan con atención la vulnerabilidad de la antigua metrópoli ante actores externos.