Ceuta: la verdad policial choca con la razón de Estado en España

La crisis de Ceuta, que ya había escalado del asalto fronterizo al ciberespionaje, ha entrado en una nueva fase de confrontación interna en España. El pulso ya no es solo con Marruecos, sino entre el poder político y los aparatos de seguridad del Estado. La negativa de altos mandos de la Policía Nacional española a firmar un informe que exculpara a Rabat de la última avalancha migratoria, como pretendían sus superiores políticos, constituye un hecho de enorme gravedad. Revela una quiebra en la cadena de mando y una lucha por la verdad material frente a la conveniencia diplomática.

Según ha trascendido, mandos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se rehusaron a suscribir un documento que negase la implicación marroquí y la existencia de avisos previos, una versión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado sostener. Esta insubordinación técnica, basada en la integridad de la investigación, choca frontalmente con la estrategia del Ejecutivo, que mientras dedica escasos minutos a la crisis, intenta desviar el foco mediático agitando la amenaza de una «internacional ultraderechista», según sus propias declaraciones en actos de partido.

Este cisma institucional se agrava con la aparición en escena de una figura de alto riesgo: Mehdi Hijaouy, ex número dos del servicio de inteligencia exterior de Marruecos. Según informaciones periodísticas, Hijaouy, ahora fugado, no solo afirma haber dirigido la operación de espionaje con el software israelí Pegasus contra el presidente Sánchez, sino que asegura estar en disposición de revelar el contenido de los datos sustraídos. Este personaje, descrito como una «bomba rodante» y formado por agencias como el Mossad israelí y la CIA estadounidense, pone al Gobierno español en una disyuntiva insostenible. La documentación que le acredita como un alto oficial desmonta la versión marroquí que lo tilda de mero delincuente.

La información que Hijaouy podría liberar no solo confirmaría la autoría de Marruecos, un secreto a voces, sino que desnudaría la vulnerabilidad de la más alta institución del Estado. Demostraría que el giro de España en su política sobre el Sahara Occidental, favorable a Marruecos, pudo ser producto de un chantaje. El hecho de que también fueran espiados los ministros de Defensa, Interior y la exministra de Exteriores —cuyo teléfono fue infectado justo cuando se autorizó la acogida del líder del Frente Polisario en España, el detonante de la crisis de 2021— refuerza la tesis de una operación de Estado coordinada.

El Gobierno español se encuentra atrapado. Por un lado, la presión judicial y de sus propios cuerpos de seguridad le exige investigar hasta el final una agresión directa a su soberanía. Por otro, la razón de Estado y el temor a una ruptura total con un vecino estratégico como Marruecos le empujan a la contención y el disimulo. Esta parálisis, sin embargo, envía una señal de debilidad que trasciende las fronteras españolas.

Lo que ocurre en Ceuta es una lección para toda la Hispanidad. Demuestra cómo la guerra híbrida, que combina la presión migratoria con el ciberespionaje, es el nuevo campo de batalla. Expone cómo la tecnología de vigilancia, a menudo de procedencia israelí y accesible en el mercado internacional, se ha convertido en un arma para que actores estatales coaccionen a otros. La instrumentalización de miles de personas, empujadas a una frontera como arma de presión, representa una degradación de la política y un atentado a la dignidad humana que debería interpelar a toda nuestra comunidad de naciones.

La inacción o tibieza de los líderes hispanos ante un caso tan flagrante de agresión a la soberanía de uno de sus miembros es preocupante. La crisis de Ceuta no es un asunto interno español; es un ataque a un puesto avanzado de la Hispanidad que pone a prueba la resiliencia de nuestros Estados frente a potencias que no dudan en usar cualquier medio para imponer sus intereses. La división interna y la falta de una respuesta contundente en España son un aviso para el continente hispanoamericano: la fragmentación política es la mejor aliada de la injerencia externa.