Ceuta: la soledad de Sánchez agrava el fracaso en la frontera hispana

La crisis de Ceuta ha entrado en una nueva fase de descomposición política que agrava el desamparo de la ciudad. El Gobierno español, que hasta ahora atribuía a la oposición las sospechas de un posible chantaje de Marruecos, se encuentra ahora con que sus propios socios de investidura, como el Partido Nacionalista Vasco y Podemos, dan crédito a la misma teoría. La hipótesis de que el espionaje al teléfono del presidente Pedro Sánchez con el software israelí Pegasus explica la «extraordinaria sumisión» a Rabat —en palabras del presidente de Ceuta, Juan Vivas— ha dejado de ser un arma arrojadiza de la derecha para convertirse en una fisura en el corazón del poder ejecutivo.

Esta soledad política del Gobierno en Madrid contrasta de manera dramática con la realidad sobre el terreno. Mientras el debate se enreda en acusaciones de «teorías de la conspiración», los datos objetivos evidencian el fracaso de la gestión. Fuentes policiales citadas por la prensa española estiman en apenas 160 las expulsiones efectivas desde la entrada masiva de finales de julio, una cifra ínfima frente a las decenas de miles de personas que entraron. El sistema se encuentra administrativamente colapsado por más de 1.500 solicitudes de asilo, tramitadas a un ritmo que genera un «enorme tapón», según reconocen los propios funcionarios. Esta parálisis desmiente el relato gubernamental de una gestión a «velocidad de crucero» y confirma las advertencias del presidente Vivas sobre una «olla a presión a punto de estallar».

El episodio de Ceuta no es un asunto meramente bilateral entre España y Marruecos; es un ataque a una de las fronteras exteriores de la Hispanidad. La instrumentalización de miles de personas, cuya dignidad es vulnerada al ser utilizadas como arma de presión geopolítica, constituye un acto de guerra híbrida que debería concitar una respuesta coordinada. Sin embargo, la crisis ha puesto de manifiesto, una vez más, la pasividad de los liderazgos políticos hispanoamericanos. La ausencia de una declaración conjunta de apoyo a la soberanía española y de condena a las tácticas de Rabat es un silencio elocuente que subraya la debilidad de nuestros lazos políticos. Mientras la Unión Europea ofrece un respaldo, aunque sea formal, ningún gobierno de la América hispana ha considerado que la integridad territorial de un país hermano sea un asunto de interés común.

Esta inacción resulta más grave al considerar los actores externos implicados. La crisis política en Madrid pivota sobre el uso de Pegasus, un producto de la empresa israelí NSO Group, lo que introduce un factor de interferencia tecnológica de un tercer Estado en la estabilidad de un gobierno hispano. Al mismo tiempo, la calculada ambigüedad de Estados Unidos, que históricamente ha evitado reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla para no incomodar a su aliado estratégico marroquí, demuestra cómo los intereses de la anglosfera prevalecen sobre la solidaridad con un socio de la OTAN. Esta situación recuerda a otras presiones que sufren países hispanoamericanos por parte de potencias vecinas, donde la soberanía es moneda de cambio en tableros geopolíticos ajenos.

El presidente Vivas, la autoridad más cercana al problema, ha denunciado la «indolencia» e «irresponsabilidad» del Gobierno central, al que acusa de hacer «oídos sordos» a las advertencias previas. Su testimonio describe el fallo del principio de subsidiariedad: la instancia superior del Estado no solo no ha socorrido a la comunidad local, sino que parece haber optado por una estrategia de negación de la realidad. La crisis ceutí, por tanto, no es solo el resultado de una agresión externa, sino también de una quiebra interna en la defensa del bien común y de la integridad territorial, una lección que resuena para toda la comunidad hispánica.