Ceuta: entre el discurso en la ONU y la cruda realidad de la acogida

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reafirmado con rotundidad la soberanía de España sobre Ceuta. En un discurso de alcance global, calificó a Ceuta de “ciudad española” y prometió una respuesta a la crisis migratoria anclada en la “decencia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos”. Estas declaraciones, necesarias para fijar la posición del Estado, buscan proyectar una imagen de control y solvencia humanitaria tras la masiva entrada de inmigrantes del pasado julio, una presión geopolítica que, como se analizó anteriormente en estas páginas, cuenta con el respaldo de actores externos.

Sin embargo, la distancia entre el atril de Nueva York y la realidad ceutí es abismal. Mientras se pronunciaban estas palabras, en la propia ciudad se conocían los planes del Ejecutivo para habilitar un nuevo campamento de acogida en Benzú, una de las zonas más sensibles del perímetro fronterizo con Marruecos. El emplazamiento elegido no es otro que una antigua instalación militar, la Batería K-8, un detalle que revela las contradicciones del discurso oficial.

Este mismo lugar fue utilizado hace apenas unas semanas para alojar a los militares españoles desplegados para contener la crisis. La Unión de Militares de Tropa (UMT) denunció entonces las pésimas condiciones de las dependencias, su falta de mantenimiento y el hacinamiento. El resultado fue un brote de sarna que, según confirmó el propio Ministerio de Defensa, afectó al menos a 24 efectivos. Ahora, esas mismas instalaciones, que tuvieron que ser higienizadas de urgencia, se preparan para acoger a inmigrantes. La decisión plantea una pregunta incómoda: ¿es esta la “decencia” y el respeto a la “dignidad humana” que se proclama en foros internacionales? La medida parece más un acto de gestión precaria que una solución meditada, poniendo en riesgo tanto a los acogidos como al personal que los atienda.

La improvisación, además, parece ser la norma. El plan para crear hasta 10.000 plazas de acogida se está ejecutando con una notable falta de coordinación con la propia Ciudad Autónoma de Ceuta. Su gobierno local ha lamentado la ausencia de información por parte del Estado sobre la elección de los emplazamientos. Este modo de proceder centralista ignora el principio de subsidiariedad, según el cual los problemas deben ser resueltos por la autoridad más cercana y conocedora del terreno. La eficacia y la justicia de la respuesta del Estado se ven así comprometidas desde su misma concepción.

El caso de Ceuta trasciende las fronteras españolas para convertirse en un laboratorio de los desafíos que recorren Hispanoamérica. La tensión entre el control soberano del territorio, el deber de acogida humanitaria y la capacidad real del Estado es una constante desde el Río Bravo hasta la Patagonia. La crisis del Darién, la presión migratoria en la frontera norte de México o los flujos internos en Sudamérica plantean a los distintos gobiernos hispanos el mismo dilema. La experiencia española, con sus aciertos retóricos y sus fallos prácticos, ofrece lecciones valiosas sobre la necesidad de acompasar los discursos con políticas efectivas y recursos adecuados.

En este contexto, la soledad de España resulta elocuente. Más allá de declaraciones genéricas, no se ha producido una defensa coordinada y firme de la integridad territorial española por parte del resto de naciones hispanas. Esta pasividad de los líderes hispanoamericanos ante una amenaza directa a la soberanía de un miembro de la comunidad histórica es un síntoma de la debilidad de nuestros lazos políticos. Mientras otros bloques geopolíticos actúan con intereses cohesionados, la Hispanidad sigue siendo una potencia cultural que no logra articularse como un actor político relevante, incapaz de defender en común los intereses de sus integrantes.

En última instancia, la fortaleza de una comunidad política no se mide por la grandilocuencia de sus discursos, sino por su capacidad para gestionar las crisis con justicia y eficacia. La defensa de la soberanía y la afirmación de los principios humanitarios, arraigados en la tradición hispánica que reconoce la dignidad inherente de toda persona, exigen más que palabras. Requieren acciones coherentes que protejan a los ciudadanos, atiendan con humanidad al desvalido y refuercen la cohesión de la nación.