Bolivia y el estado de excepción: síntoma de una crisis institucional hispanoamericana

El Congreso de Bolivia ha ratificado la decisión del presidente Rodrigo Paz de extender por otros 90 días el estado de excepción en el país. La medida, que permite la movilización de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas y restringe derechos fundamentales, se justifica desde el Ejecutivo como una herramienta indispensable para garantizar el orden público y proteger la economía frente a los bloqueos de carreteras. El descontento, protagonizado por sectores campesinos e indígenas, brota de una severa crisis económica que golpea a los más vulnerables.

Este recurso a la excepcionalidad no es, sin embargo, un fenómeno exclusivamente boliviano. Es un espejo en el que pueden mirarse numerosas naciones hermanas del continente hispanoamericano. En los últimos años, hemos visto cómo gobiernos de distinto signo ideológico en Chile, Ecuador, Perú o Colombia han recurrido a figuras jurídicas similares para gestionar crisis de orden público. Ante estallidos sociales provocados por la desigualdad, la precariedad o la inestabilidad política, la respuesta ha sido a menudo la suspensión de garantías y el despliegue de la fuerza, en lugar del diálogo y la reforma estructural.

Lo que estos episodios revelan es una profunda y preocupante debilidad institucional que atraviesa la Hispanidad. Los sistemas políticos de nuestros países demuestran una y otra vez su incapacidad para procesar las demandas sociales a través de los cauces democráticos ordinarios. Cuando los parlamentos, los partidos y los espacios de diálogo fracasan en su función de mediación, la calle se convierte en la única válvula de escape para el malestar ciudadano. La respuesta autoritaria, aunque se vista con ropajes legales, no es más que el certificado de ese fracaso y un peligroso paso hacia la erosión de las libertades.

Esta situación interpela directamente a las élites gobernantes de toda la América hispana. Su pasividad para forjar un proyecto de bien común más inclusivo en el ámbito nacional se replica en el plano continental. La falta de mecanismos de cooperación y apoyo mutuo entre nuestros países para afrontar estas crisis recurrentes es palmaria. En lugar de compartir experiencias y construir soluciones conjuntas, cada nación parece condenada a repetir el mismo ciclo de protesta y represión, como si la historia de sus vecinos no ofreciera lección alguna. Se echa en falta una visión de comunidad hispánica que actúe solidariamente ante los desafíos compartidos.

Asimismo, no puede ignorarse el contexto económico global que alimenta esta inestabilidad. La dependencia estructural de las economías hispanoamericanas de la exportación de materias primas, un modelo que beneficia a centros financieros de la anglosfera, las hace extremadamente vulnerables a la volatilidad de los mercados internacionales. Las crisis económicas que encienden la mecha del descontento social no surgen de la nada; a menudo son el resultado de un orden económico mundial que perpetúa la subordinación y frena el desarrollo soberano de nuestros pueblos. La fragilidad interna es, en gran medida, el reflejo de una soberanía externa debilitada.

En última instancia, la disyuntiva entre orden y derechos que plantea el estado de excepción boliviano nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del bien común. Un orden que se mantiene mediante la suspensión de las libertades de los más desfavorecidos y que prioriza los flujos económicos sobre la dignidad de la persona es un orden frágil y, en el fondo, injusto. La verdadera fortaleza de una comunidad política no reside en su capacidad para reprimir, sino en su habilidad para integrar, para escuchar y para garantizar que cada uno de sus miembros, especialmente los más pobres, tenga un lugar y una voz en el proyecto colectivo.