Bolivia y Ecuador activan alertas por El Niño y revelan la asimetría hídrica andina

Tras las medidas de contención energética adoptadas recientemente en Colombia, el impacto dispar del fenómeno de El Niño ha terminado por fracturar la geografía andina entre la carestía y el desbordamiento. El Gobierno de Bolivia formalizó este sábado la declaración de emergencia nacional mediante el decreto 5759 ante los estragos combinados de sequías e inundaciones, mientras que, de forma casi simultánea en la costa ecuatoriana, las autoridades de la provincia del Guayas ordenaron elevar con urgencia las descargas del embalse Daule-Peripa de 400 a 700 metros cúbicos por segundo para esquivar inundaciones catastróficas río abajo.

En territorio boliviano, el presidente Rodrigo Paz justificó la medida excepcional para movilizar de inmediato fondos estatales y contingentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al tiempo que recurrió al auxilio de organismos internacionales. El cuadro trazado por el Viceministerio de Defensa Civil evidencia la severidad de la crisis: más de 78.000 familias campesinas e indígenas y al menos 63 comunidades se encuentran golpeadas por el estiaje en siete de los nueve departamentos del país, desde La Paz y Oruro hasta Chuquisaca y Santa Cruz. La amenaza inmediata radica en la transición climática de noviembre, cuando las tierras resecas deben absorber precipitaciones torrenciales que con frecuencia derivan en deslaves y riadas descontroladas.

Por su parte, Ecuador ilustra con crudeza la paradoja de una cuenca sin vasos comunicantes. Mientras la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la prefectura de Guayas liberan caudales masivos en Daule-Peripa —embalse estratégico con capacidad para 6.000 millones de metros cúbicos diseñado para abastecer de agua a Guayaquil y generar energía—, la presa oriental de Mazar se sitúa a escasos ocho metros de su cota crítica de operación, poniendo en riesgo el suministro de electricidad de las principales urbes del país. La naturaleza no distingue fronteras políticas, pero la respuesta institucional hispanoamericana permanece recluida en compartimentos estancos.

Esta doble contingencia desvela una falla estructural recurrente en la gobernanza de los países hispanos: la ausencia de una infraestructura hidráulica e interconexión técnica mancomunada en el arco andino. Frente a eventos climáticos cíclicos que golpean con patrones similares desde tiempos virreinales, los Ejecutivos de la región perseveran en gestionar las crisis mediante declaraciones de emergencia aisladas, apelando de manera refleja a créditos y asesorías de agencias multilaterales dominadas por la anglosfera financiera en lugar de erigir organismos técnicos propios que planifiquen el bien común regional.

Desde una concepción arraigada en la dignidad de la persona y el principio de subsidiariedad, la protección de las comunidades rurales no puede quedar supeditada a la caridad de programas crediticios externos ni a la improvisación de cada temporada seca. Las familias que hoy pierden sus cosechas en el altiplano boliviano o que vigilan con zozobra las crecidas del río Daule en Guayas comparten una misma vulnerabilidad humana y un entorno productivo indisociable. La inacción política de los gobernantes de la América hispana para articular un pacto hidrológico y energético andino perpetúa la fragilidad material de los sectores más humildes.

Superar el ciclo de catástrofes recurrentes exige abandonar la retórica de la resignación y asumir que la estabilidad de los pueblos andinos requiere proyectos de ingeniería compartida, transferencias energéticas solidarias y almacenamiento conjunto de recursos vitales. Mientras cada nación afronte El Niño como un siniestro estrictamente doméstico, las comunidades locales continuarán pagando el tributo del desarraigo y la precariedad ante perturbaciones que solo una visión unificada de la Hispanidad puede mitigar con eficacia soberana.