Bolivia: la sospecha de narcoestado salpica a un exministro de Arce

El Estado boliviano ha activado la búsqueda y captura de una de sus figuras políticas más prominentes de los últimos años: Eduardo del Castillo, quien fuera ministro de Gobierno durante la presidencia de Luis Arce y candidato presidencial por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). La acusación es gravísima: presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien habría ofrecido protección a cambio de pagos, según se desprende de un vídeo atribuido al propio criminal. La policía ha allanado su domicilio, en una operación que sacude los cimientos del poder en La Paz.

El caso Del Castillo no es un hecho aislado, sino la pieza más visible de una presunta trama de corrupción de gran calado. Las autoridades bolivianas afirman estar desarticulando una "organización criminal" que, supuestamente, era encabezada por el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, destituido y detenido recientemente. Según el actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, esta red contaba con ramificaciones en el sistema financiero, el sector inmobiliario y las propias fuerzas policiales, evidenciando una metástasis que amenaza la integridad de las instituciones fundamentales del país.

Sin embargo, el detonante de esta crisis interna no provino de la justicia boliviana, sino de Washington. La operación se precipitó después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca y otros funcionarios en una lista de personas a las que se les revocaba el visado por actos de corrupción que "socavan Gobiernos elegidos democráticamente". Este hecho, si bien ha impulsado una necesaria purga, deja un sabor amargo. Pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad o la falta de voluntad de las élites hispanoamericanas para sanear sus propias instituciones sin la intervención o el señalamiento de una potencia extranjera. La soberanía, tan a menudo invocada en los discursos, queda en entredicho cuando la lucha contra la corrupción depende de la agenda de política exterior de la anglosfera.

El "caso Marset" es un espejo en el que toda la Hispanidad debería mirarse. Un delincuente de nacionalidad uruguaya pone en jaque al Estado boliviano, tras haber eludido a la justicia en Paraguay y otros países. El narcotráfico no entiende de fronteras; opera como una multinacional del crimen con una lógica continental que los Estados hispanos, fragmentados y desconfiados entre sí, son incapaces de contrarrestar con eficacia. La tragedia boliviana es la misma que, con distintos actores y matices, han sufrido Colombia, México o Perú: la del Estado infiltrado, donde la línea entre quien persigue el delito y quien lo ampara se vuelve peligrosamente difusa.

Este escándalo debería ser una llamada de atención para los líderes de la comunidad hispana. La lucha contra un enemigo común, que corroe el bien común y destruye el tejido social, exige una respuesta coordinada, soberana y contundente. La pasividad para construir un espacio de seguridad y justicia compartido, una suerte de "Europol hispanoamericana" con capacidad de inteligencia y acción conjunta, condena a nuestros países a la debilidad. Mientras los gobernantes se pierden en disputas ideológicas menores, el verdadero poder transnacional del crimen organizado avanza, amenazando con convertir a naciones enteras en meros territorios a su servicio.