Bolivia: crisis institucional para cesar al fiscal general por narcotráfico

Bolivia atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas de los últimos años. El presidente, Rodrigo Paz, ha promulgado una reforma legal de urgencia que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público para permitir la suspensión del fiscal general del Estado. La norma, aprobada por dos tercios del Legislativo, faculta a la Asamblea a destituir al máximo responsable de la fiscalía cuando este sea imputado formalmente por un delito grave, y a nombrar un sustituto interino por un plazo de tres meses.

Esta drástica medida tiene un destinatario claro: Roger Mariaca, el actual fiscal general, quien fue detenido y acusado por el propio gobierno de liderar una “organización criminal” dedicada a proteger al narcotráfico. La reforma legal se convierte así en la herramienta política para desmantelar una presunta red de corrupción enquistada en la cúspide del sistema judicial.

El detonante de la crisis, sin embargo, provino del exterior. Apenas dos días antes de la detención de Mariaca, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó el visado y lo incluyó en un listado de funcionarios extranjeros acusados de corrupción. Washington señaló directamente a Mariaca por “abusar de su posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico”. La Casa Blanca y la coalición de seguridad “Escudo de las Américas” respaldaron públicamente la acción del gobierno boliviano, evidenciando una coordinación previa. El presidente Paz defendió esta alianza como un paso necesario para que Bolivia deje de ser una “isla” para el crimen organizado, pero la secuencia de los hechos subraya una incómoda dependencia de la agenda y la presión de Washington para iniciar procesos de depuración interna.

La crisis ha desatado una intensa pugna por el control de la Fiscalía. Tras la detención de Mariaca, el fiscal más antiguo, Luis Montaño, intentó asumir la jefatura interina amparándose en la ley vigente hasta ese momento. La respuesta del Ejecutivo fue fulminante: amenazó con detenerlo por usurpación de funciones y obstrucción a la justicia, acusándolo de ser parte de la misma “estructura criminal”. Este choque revela hasta qué punto el gobierno está dispuesto a forzar los mecanismos institucionales para asegurar el control del Ministerio Público, en un movimiento que, si bien justificado por la gravedad de las acusaciones, genera interrogantes sobre la separación de poderes.

Lo que ocurre en Bolivia no es un hecho aislado en el continente hispanoamericano. Es el reflejo de una patología recurrente: la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, corrompiendo a quienes precisamente deberían combatirlo. Casos similares han sacudido a países como Guatemala, con la desarticulación de redes en el sistema judicial; Perú, con el escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto” que implicó a jueces y fiscales supremos; o Colombia, con el llamado “cartel de la toga”. Todos estos episodios demuestran la extrema vulnerabilidad de las instituciones hispanoamericanas frente al poder corruptor del dinero ilícito y plantean el mismo dilema: cómo purgar las instituciones sin destruirlas en el proceso.

El presidente Paz ha hablado de la necesidad de “reconstruir” la justicia boliviana, un objetivo que resuena en toda la región. Sin embargo, la crisis boliviana pone de manifiesto la inacción de los líderes hispanos para crear organismos supranacionales de control y lucha contra la corrupción. La ausencia de mecanismos propios, dotados de independencia y legitimidad, obliga a los países a actuar en solitario o, como en este caso, a reaccionar ante el impulso de potencias externas cuyos intereses no siempre coinciden con los de la Hispanidad. La lucha por el bien común y la integridad del Estado queda así supeditada a equilibrios geopolíticos ajenos, una debilidad estratégica para el conjunto de nuestros pueblos.