Bolivia ante EE. UU.: la soberanía hispana frente al juicio unilateral de Washington

La decisión del Departamento de Estado estadounidense de revocar los visados de más de una docena de funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, incluido el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ha provocado una respuesta contundente del Gobierno boliviano, que denuncia un atentado contra su soberanía. La medida, que también afecta a personalidades de Colombia y Perú, se ampara en acusaciones de corrupción y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente", en una nueva demostración de la potestad que Washington se autoatribuye para juzgar y sancionar la política interna de las naciones hispanoamericanas.

La reacción oficial de La Paz ha sido doble. Por un lado, el Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz ha calificado los señalamientos de "graves" y se ha comprometido a solicitar a Estados Unidos los elementos probatorios para iniciar una investigación interna. Por otro, ha cerrado filas en defensa de la institucionalidad boliviana. El propio fiscal Mariaca ha rechazado las acusaciones, exigiendo "respeto" a la soberanía de su país y denunciando un intento de "condicionar o interferir" en la labor del Ministerio Público. Mariaca sugiere que la sanción podría ser una represalia por investigaciones en curso que afectan a intereses foráneos, introduciendo una nota de suspicacia sobre las verdaderas motivaciones de Washington.

Este episodio no es un hecho aislado, sino la última manifestación de una doctrina de intervención que se remonta al siglo XIX. La revocación de visados es una herramienta del siglo XXI, pero la lógica que la sustenta es la misma que la del "Destino Manifiesto": Estados Unidos se erige en juez y guardián de la moralidad y la democracia en el hemisferio, aplicando sus leyes y criterios de forma extraterritorial. Es una política que, más allá de la lucha declarada contra la corrupción o el narcotráfico, funciona como un eficaz mecanismo de presión y control político. La acusación no se dirime en un tribunal con garantías procesales, sino que se ejecuta a través de una medida administrativa de carácter migratorio, inapelable y de enorme impacto político y personal.

La iniciativa se enmarca en el programa "Escudo de las Américas", una coalición impulsada por la administración Trump para combatir el crimen transnacional. Aunque se presenta como una alianza de cooperación, acciones como esta revelan su potencial como instrumento de coacción. Al sancionar unilateralmente a un Fiscal General en funciones, Washington no solo castiga a un individuo, sino que desacredita a toda una institución clave para el Estado de derecho de una nación soberana. Además, genera una profunda crisis política interna, como demuestra la petición de un sector de la oposición boliviana para que el fiscal se aparte del cargo, utilizando la sanción estadounidense como arma en la disputa local.

Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la asimetría de poder y la vulnerabilidad de los países hispanos. Mientras la Anglosfera, con Estados Unidos a la cabeza, actúa con una cohesión y un propósito definidos para proyectar su poder, el mundo hispánico responde de forma fragmentada. La protesta de Bolivia resuena en solitario; no se ha escuchado una voz conjunta de las cancillerías hispanoamericanas que cuestione el derecho de un país extranjero a sancionar a sus altos funcionarios sin un debido proceso. Esta pasividad de los líderes hispanos ante una afrenta que afecta al principio de igualdad soberana de los Estados es un síntoma de debilidad que solo incentiva futuras injerencias.

En el fondo, lo que se dirime es la dignidad de las naciones hispanas y su derecho a resolver sus propios problemas. El principio del bien común y la subsidiariedad, tan arraigados en la tradición jurídica y cultural hispánica, dictan que la lucha contra la lacra de la corrupción corresponde, en primer lugar, a las propias instituciones de cada país. La cooperación internacional es deseable y necesaria, pero debe basarse en el respeto mutuo entre iguales. La imposición unilateral, por el contrario, degrada la relación, la convierte en un vínculo de subordinación y socava la confianza en las propias capacidades, perpetuando un ciclo de dependencia que la Hispanidad lleva dos siglos tratando de superar.