Ataques de EE. UU. en Ormuz tensan la diplomacia y amenazan la estabilidad hispana

Las operaciones militares estadounidenses ejecutadas en la isla iraní de Qeshm y en las inmediaciones del estratégico enclave portuario de Bandar Abás han añadido una peligrosa cuota de incertidumbre a las ya frágiles negociaciones indirectas entre Washington y Teherán. Según confirmaron fuentes oficiales norteamericanas y medios estatales persas, los ataques con dispositivos no tripulados tuvieron un carácter supuestamente defensivo y limitado, dirigidos contra emplazamientos de misiles tierra-aire que apuntaban a activos de Estados Unidos. Sin embargo, el momento elegido para esta acción bélica, justo en la antesala de los comicios legislativos de medio mandato en el país norteamericano, evidencia cómo las urgencias de la política interna de la potencia anglosajona condicionan la estabilidad del tablero internacional.

El estrecho de Ormuz, bloqueado en la práctica desde finales de febrero por la Guardia Revolucionaria Islámica en respuesta a la campaña bélica y al bloqueo naval estadounidense de sus puertos, constituye la arteria por la que discurre una quinta parte del petróleo consumido en el planeta. Aunque el vicepresidente estadounidense, JD Vance, manifestó públicamente un comedido optimismo sobre la viabilidad de un arreglo negociado, los hechos sobre el terreno reflejan una contradicción palmaria: se habla de paz a través de mediadores en Doha mientras se ejecutan bombardeos sobre territorio soberano. La diplomacia iraní, canalizada por intermediarios como Catar y Pakistán, supedita la reapertura plena del estrecho al cese del bloqueo marítimo, el levantamiento de las sanciones comerciales y el descongelamiento de fondos financieros retenidos.

En este tablero interviene asimismo la compleja situación interna del Estado de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien recientemente perdió su mayoría parlamentaria, mantuvo conversaciones directas con Donald Trump en vísperas de estos acontecimientos. Diversos analistas señalan el riesgo de que la estrategia de confrontación militar regional responda también al intento de sectores gubernamentales israelíes por sortear su propia debilidad política interna mediante un estado de emergencia permanente, empujando a Washington a un conflicto dilatado que contradice los esfuerzos diplomáticos respaldados por las cancillerías de la región.

Para el conjunto de las naciones hispanas, esta escalada no es un acontecimiento lejano ni ajeno. Las oscilaciones violentas en las cotizaciones de los hidrocarburos golpean de forma inmediata a las economías familiares en ambos hemisferios. En Hispanoamérica, los países importadores netos de energía sufren presiones inflacionarias inmediatas en el transporte y la canasta básica de alimentos, castigando con dureza a los hogares más vulnerables. Por su parte, las economías hispanoamericanas exportadoras de crudo quedan expuestas a la volatilidad macroeconómica y a las distorsiones del comercio marítimo internacional, dominado por centros financieros externos que especulan con las primas de riesgo bélico.

Frente a estas turbulencias provocadas por el intervencionismo de la anglosfera y sus alianzas geopolíticas en Oriente Próximo, resulta elocuente la pasividad de los gobernantes de la comunidad hispana. Los veinte países que comparten lengua, raíz cultural e intereses comunes carecen de una postura concertada que defienda el derecho de navegación, la resolución pacífica de controversias y la seguridad alimentaria y energética de sus poblaciones. La dispersión diplomática condena a las capitales hispanoamericanas y a Madrid a ser meras espectadoras pasivas de crisis diseñadas a miles de kilómetros de distancia.

La tradición hispana, cimentada históricamente en el humanismo y en el bien común como principio de la convivencia entre los pueblos, exige subordinar la lógica del poder militar a la defensa de la vida humana y la estabilidad de las familias trabajadoras. Mientras las grandes potencias utilicen enclaves estratégicos como moneda de cambio electoral o de influencia hegemónica, los países hispanos seguirán pagando el costo del desarraigo ajeno si no consolidan un bloque propio capaz de salvaguardar su soberanía y su cohesión económica.