Argentina: el giro liberal reabre el debate sobre el rol del Estado en la economía

El gobierno de Argentina ha puesto en marcha un ambicioso programa de privatización de corredores viales, una decisión que trasciende la gestión de infraestructuras para convertirse en un símbolo del viraje económico del país. La medida, parte central de la agenda liberalizadora del presidente Javier Milei, ha topado con la resistencia de varias provincias. Un ejemplo es la acción judicial iniciada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que acusa al poder ejecutivo nacional de un presunto uso irregular de los fondos destinados al Sistema Vial Integrado, evidenciando la profunda fractura política y fiscal entre la nación y sus estados federales.

Este enfrentamiento encapsula un dilema clásico en la historia económica hispanoamericana: ¿cuál es el papel óptimo del Estado? Por un lado, el gobierno central defiende que la gestión privada es inherentemente más eficiente y que la reducción de la carga estatal es la única vía para atraer inversiones, estabilizar la economía y modernizar el país. Esta visión se asemeja al argumento esgrimido por figuras del capitalismo global como Jeff Bezos, quien advirtió que una presión fiscal excesiva puede desincentivar la actividad económica. En la orilla opuesta, voces como la del gobernador Quintela sostienen que el Estado es el garante del bien común y la cohesión territorial, y que dejar infraestructuras estratégicas en manos del mercado puede marginar a las regiones menos rentables y encarecer servicios esenciales para los ciudadanos.

Argentina no es el primer país hispano en transitar este camino. La experiencia del continente ofrece un vasto campo de estudio con resultados dispares. Chile fue pionero en la región con su sistema de concesiones viales impulsado desde los años noventa, logrando un notable desarrollo de su red de autopistas, aunque a costa de peajes considerados elevados por una parte de la población. México y Colombia también han implementado extensos programas de participación privada en infraestructuras, con éxitos innegables en la construcción pero también con sonados casos de renegociaciones contractuales, sobrecostes y debates sobre la soberanía en la gestión de bienes públicos. Estos precedentes ofrecen a Argentina un espejo en el que mirarse, lleno de lecciones sobre los riesgos y beneficios de la colaboración público-privada.

La pugna por el modelo económico se refleja directamente en el termómetro más sensible de la economía argentina: la cotización del dólar. La existencia de múltiples tipos de cambio —el oficial, el "blue" o paralelo, y los financieros como el CCL o el MEP— es un síntoma de la profunda desconfianza en la moneda local y en la estabilidad macroeconómica. La "brecha" entre la cotización oficial y las paralelas funciona como un indicador del estrés financiero y de las expectativas de devaluación. El gobierno argumenta que su programa de choque, con la privatización y la desregulación como estandartes, es la única medicina para cerrar esa brecha, generar confianza y atraer los dólares que el país necesita para estabilizarse. Los críticos, en cambio, temen que la terapia sea peor que la enfermedad, causando un grave perjuicio social sin garantizar la ansiada estabilidad.

La situación argentina pone de relieve dos carencias estructurales en la esfera hispánica. Primero, la recurrente adopción de modelos económicos fuertemente influidos por el pensamiento de la anglosfera, especialmente el llamado "Consenso de Washington", sin un análisis crítico adaptado a las realidades locales. Estas recetas, que priorizan la atracción de capital extranjero a menudo vinculado a centros financieros como Wall Street o la City de Londres, han tenido un historial ambivalente en la región, generando crecimiento en algunos sectores pero también crisis de deuda y una mayor dependencia externa. Segundo, y más grave, es la pasividad de los líderes hispanoamericanos para crear marcos de cooperación. En lugar de aprender colectivamente de las experiencias de privatización, crisis de deuda o reformas estructurales, cada país parece condenado a repetir los mismos ensayos y errores de forma aislada. La falta de un banco de desarrollo hispanoamericano potente o de foros vinculantes para coordinar políticas estratégicas de infraestructuras deja a nuestros países compitiendo entre sí por la misma inversión extranjera, en lugar de colaborar por un desarrollo continental integrado y soberano.